La Cámara Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) propuso un aumento del 12 por ciento al salario mínimo para 2025, según anunció su presidente, José Medina Mora. A principios de octubre, tras asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum afirmó que buscará este mismo incremento.
Esta propuesta deberá ser revisada y aprobada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), que se reunirá en diciembre para discutirla. Durante la inauguración del Foro Laboral 2024, Medina Mora recordó que entre 2016 y 2024, el salario mínimo se incrementó en un 130 por ciento, gracias a un esfuerzo conjunto con el Gobierno de México.
Medina Mora explicó que antes de 2016 había un «freno de mano» para aumentar el salario mínimo, ya que este estaba ligado al precio de aproximadamente 2 mil productos y servicios, incluidas multas. «Antes, cuando se incrementaba el salario mínimo, también subían estos productos y servicios, lo que provocaba inflación y erosionaba el poder adquisitivo de los trabajadores», comentó.
Sin embargo, tras la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la COPARMEX ha podido presentar propuestas anuales para el aumento del salario mínimo. Destacó que hay dos razones fundamentales para que estos incrementos sean graduales: la primera, evitar que el aumento genere inflación, y la segunda, prevenir la informalidad, especialmente en micro y pequeños negocios, que podrían verse afectados si el aumento es demasiado alto.
Actualmente, el salario mínimo permite a los trabajadores alcanzar la línea de bienestar individual, lo que les permite cubrir su canasta básica alimentaria y no alimentaria. «Nuestro objetivo es que, para 2026, en una familia de cuatro donde dos miembros trabajan, esos dos salarios mínimos puedan cubrir ambas canastas», agregó.
Por otro lado, especialistas laborales advirtieron que es crucial estar atentos a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, ya que se deberá evaluar el funcionamiento del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Juan Carlos de la Vega, socio director de Santamarina y Steta, señaló que es necesario mejorar varios aspectos para brindar mayor certidumbre a los empresarios respecto a este mecanismo.
«En muchos casos, se presenta una queja contra una empresa, pero no se proporciona una copia al acusado por razones de confidencialidad. A los empresarios les gustaría conocer las acusaciones en su contra; es fundamental aumentar la transparencia», indicó. También mencionó que en los últimos cuatro años, las principales razones para activar este mecanismo han sido la restricción a la libertad de asociación y a la negociación colectiva de los trabajadores.
