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Valmex pide impulsar inversión privada y dar certidumbre fiscal en 2027

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El Paquete Económico 2027 deberá incluir mecanismos para proteger e impulsar la inversión privada, además de ofrecer certidumbre sobre las finanzas públicas, consideró Valores Mexicanos (Valmex). La institución señaló que la inversión es fundamental para ampliar la capacidad productiva del país y elevar el potencial de crecimiento de la economía mexicana.

Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex, explicó que el consumo y las exportaciones pueden contribuir al crecimiento, pero no incrementan directamente la capacidad productiva. En cambio, una mayor inversión puede elevar la productividad. Entre las oportunidades actuales destacó proyectos tecnológicos relacionados con inteligencia artificial y nuevas herramientas productivas.

El llamado ocurre en momentos de debilidad para la inversión. Entre enero y mayo de 2026, este indicador retrocedió 0.5% frente al mismo periodo del año anterior. Además, la falta de una recuperación sólida en la confianza empresarial mantiene expectativas moderadas para el crecimiento de la inversión durante el mediano plazo.

Valmex también pidió presentar una trayectoria creíble para reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda, sin realizar necesariamente un ajuste abrupto. Asimismo, consideró importante proteger la inversión pública productiva y aclarar cuánto apoyo financiero recibirá Pemex, evitando presiones adicionales sobre las finanzas gubernamentales.

SCJN analizará huelga de Monte de Piedad, pero aún no hay fecha para su fin

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La huelga de Nacional Monte de Piedad, que mantiene paralizadas sus operaciones desde hace casi 11 meses, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La institución considera que la intervención del máximo tribunal puede convertirse en una alternativa para solucionar el conflicto, aunque todavía no existe una fecha para reabrir las sucursales.

La Corte deberá revisar una resolución judicial que declaró jurídicamente inexistente la huelga. El punto central será determinar si el paro puede mantenerse cuando, según Monte de Piedad, los dirigentes sindicales no respetaron inicialmente los procedimientos establecidos en sus estatutos para consultar a los trabajadores antes de suspender actividades.

Si la SCJN confirma la inexistencia jurídica del movimiento, la institución buscará mecanismos para facilitar el regreso de los trabajadores. Sin embargo, si determina que la huelga debe continuar, el conflicto no quedaría resuelto, pues Monte de Piedad tendría que promover un nuevo juicio de imputabilidad para abordar otros aspectos de la disputa laboral.

Mientras los ministros analizan el expediente, las sucursales permanecerán cerradas y las prendas empeñadas continuarán resguardadas. Monte de Piedad también mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución por otras vías, incluida la intervención de la Secretaría del Trabajo mediante un dictamen que contribuya a destrabar el conflicto.

Sofomes buscan impulsar crédito a mipymes dentro del Plan México

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La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) planteó al gobierno federal que las sofomes pueden convertirse en un brazo financiero estratégico del Plan México, principalmente para facilitar recursos a micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan dificultades para obtener financiamiento mediante canales tradicionales.

Las 255 instituciones afiliadas a la organización administran una cartera cercana a 192 mil millones de pesos, equivalente a 68% de la cartera correspondiente a intermediarios financieros no bancarios. Javier Garza, presidente de Asofom, señaló que el sector busca fortalecer su institucionalización y gobernanza para acceder a nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.

Las sofomes pretenden aprovechar su presencia en la denominada última milla del crédito, atendiendo empresas vinculadas con cadenas productivas y proyectos de los polos de bienestar. Aunque el financiamiento dirigido a las pymes mostró una moderación reciente, las instituciones mantienen elevados niveles de liquidez y el crédito al consumo creció 10%.

Para ampliar su capacidad, Asofom impulsa emisiones bursátiles conjuntas e individuales por entre 5 mil y 10 mil millones de pesos, buscando atraer inversionistas institucionales. El organismo también trabaja con autoridades para actualizar la regulación y fortalecer estándares relacionados con gobernanza, sostenibilidad y prevención de lavado de dinero.

Choque comercial entre EU y Canadá eleva incertidumbre para México

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La disputa arancelaria entre Estados Unidos y Canadá aumenta la incertidumbre alrededor de la revisión del T-MEC y podría prolongar la cautela de las empresas para invertir en México. Moody’s considera que el tratado comercial sobrevivirá debido a la integración regional, aunque anticipa mayores negociaciones bilaterales y condiciones diferentes para cada socio.

Estados Unidos impuso aranceles de 50% sobre aproximadamente 20 mil millones de dólares en productos canadienses, luego de fracasar las negociaciones entre Washington y Ottawa. Canadá respondió con medidas similares. Aunque los gravámenes afectan una parte limitada del comercio, evidencian la posibilidad de mantener el T-MEC mientras se establecen acuerdos separados.

Para México, el principal riesgo está en una mayor incertidumbre para las inversiones. Las empresas podrían retrasar nuevas plantas, ampliaciones y contratación de proveedores mientras esperan conocer las reglas comerciales definitivas. Moody’s señaló que la inversión mexicana ya mostraba debilidad por las fricciones comerciales, la revisión del tratado y factores internos.

La industria automotriz enfrenta una vulnerabilidad adicional por la integración de sus cadenas productivas. México aporta 37% de las importaciones estadounidenses de vehículos y autopartes, mientras Canadá representa 13%. Una alteración del comercio canadiense podría elevar costos y provocar retrasos en plantas mexicanas que comparten componentes y proveedores.

Suprema Corte fija límites a independientes en Michoacán y prohíbe campañas coordinadas

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las disposiciones del Código Electoral de Michoacán que obligan a los candidatos independientes a competir de forma individual, autónoma y separada. La resolución establece que quienes participen por esta vía no podrán desarrollar estrategias electorales que, en los hechos, funcionen como alianzas, coaliciones o estructuras similares a las de los partidos políticos.

El Pleno respaldó las normas que impiden a los independientes realizar campañas coordinadas, compartir propaganda, imágenes, emblemas, plataformas electorales, estrategias de promoción o actos proselitistas. También quedan restringidos los mecanismos de actuación colectiva. La Corte argumentó que las candidaturas independientes constituyen una vía personal para ejercer el derecho a ser votado y no pueden operar como organizaciones políticas sin someterse a las reglas de financiamiento, fiscalización y funcionamiento aplicables a los partidos.

Los ministros también determinaron que el Decreto 476 fue publicado dentro de los plazos establecidos constitucionalmente, al cumplir con el requisito de entrar en vigor al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Con ello, el máximo tribunal descartó uno de los cuestionamientos formulados contra la reforma electoral michoacana.

Sin embargo, la Corte invalidó algunos apartados que permitían sancionar a candidatos independientes basándose en la percepción generada entre los ciudadanos. Las disposiciones hacían referencia a provocar ante el electorado una imagen de bloque, agrupación, frente, plataforma común, movimiento o identidad compartida. Para el tribunal, estos conceptos resultaban ambiguos y no proporcionaban criterios suficientemente claros para determinar cuándo se había cometido una infracción.

La SCJN estableció que las sanciones electorales deben sustentarse en hechos objetivos, claros y verificables, particularmente cuando pueden derivar en consecuencias graves como la pérdida del registro de una candidatura. Por ello, consideró insuficiente que una autoridad determine una posible coordinación únicamente a partir de la percepción que una campaña pudiera generar entre los votantes.

La resolución no elimina la prohibición de que los candidatos independientes actúen coordinadamente. Para acreditar una posible violación podrán utilizarse pruebas como propaganda idéntica, gastos compartidos, acuerdos documentados, organización conjunta de eventos, administración común de cuentas digitales u otros elementos que permitan demostrar una estrategia electoral coordinada.

Las modificaciones al Código Electoral de Michoacán habían sido impugnadas por Movimiento Ciudadano y el Movimiento Independiente del Sombrero. Ambos cuestionaron disposiciones que, desde su perspectiva, imponían restricciones excesivas a quienes buscan competir electoralmente sin pertenecer a un partido político.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan e integrante del Movimiento del Sombrero, también participó en las protestas contra la reforma y acudió junto con miembros de la organización ante la Suprema Corte. Con la resolución, los independientes podrán mantener sus candidaturas, pero deberán demostrar que sus campañas funcionan de manera autónoma y sin estructuras coordinadas que puedan equipararse a una alianza política.

Pemex y Hacienda unen fuerzas contra el huachicol, fraude y corrupción

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) establecieron un convenio de colaboración para reforzar el intercambio de información y combatir delitos relacionados con el sector energético. El acuerdo busca fortalecer la detección de operaciones vinculadas con corrupción, fraude, lavado de dinero, robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

La estrategia permitirá combinar las capacidades financieras y operativas de ambas instituciones para identificar redes relacionadas con el mercado ilícito de combustibles. Las autoridades pretenden seguir el movimiento de los recursos económicos, detectar las estructuras financieras utilizadas por estas organizaciones y contribuir a desarticular las cadenas comerciales y logísticas que permiten mantener las operaciones ilegales.

Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda resultar relevante para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros posibles delitos. La medida busca ampliar la capacidad de las autoridades para identificar movimientos sospechosos relacionados tanto con las actividades de la petrolera como con operaciones vinculadas al mercado energético.

La UIF, por su parte, entregará a Pemex productos de inteligencia financiera destinados a fortalecer la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos. La información podrá utilizarse para detectar posibles irregularidades relacionadas con las operaciones financieras de la empresa productiva del Estado y sus filiales, así como para establecer mecanismos preventivos frente a esquemas de fraude o corrupción.

El acuerdo da continuidad a la cooperación desarrollada dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles. En ese espacio participan diferentes capacidades gubernamentales para identificar redes involucradas en el robo y comercialización clandestina de hidrocarburos, así como los mecanismos económicos utilizados para introducir las ganancias obtenidas ilegalmente al sistema financiero.

Además del intercambio de información, Hacienda y Pemex podrán realizar programas conjuntos de capacitación en análisis operativo y estratégico. El objetivo será mejorar las herramientas utilizadas por funcionarios y especialistas para identificar riesgos, investigar movimientos financieros y detectar posibles conductas que afecten los recursos estratégicos del país.

Las autoridades señalaron que la colaboración permitirá fortalecer las capacidades institucionales para denunciar posibles actos de corrupción, fraude y otros delitos que puedan provocar daños al patrimonio público. También pretende proteger la integridad del sistema financiero mexicano mediante una mayor coordinación entre las áreas encargadas de administrar recursos energéticos y aquellas responsables de rastrear operaciones financieras sospechosas.

Con este convenio, el Gobierno federal busca intensificar la vigilancia sobre los recursos económicos vinculados con el sector energético y cerrar espacios financieros a las redes dedicadas al mercado ilegal de combustibles. La estrategia se desarrollará conforme al marco jurídico mexicano y los estándares internacionales establecidos para combatir el lavado de dinero y otras operaciones financieras ilícitas.

Reingresar ilegalmente a EU tras una deportación puede traer graves consecuencias

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Las personas que fueron deportadas de Estados Unidos y posteriormente intenten regresar al país sin autorización pueden enfrentar nuevas consecuencias migratorias e incluso cargos penales. La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que una expulsión previa no significa que un nuevo ingreso irregular simplemente termine en otra deportación, ya que las autoridades pueden iniciar procedimientos adicionales contra quienes reincidan.

La advertencia adquiere relevancia ante el endurecimiento de la política migratoria estadounidense. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional citadas en la información, más de 675,000 personas han sido deportadas desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump. Muchas de ellas quedan sujetas a restricciones que les impiden regresar legalmente durante determinados periodos, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.

Intentar cruzar nuevamente la frontera de manera irregular después de haber sido deportado puede constituir un delito federal. Además de una nueva expulsión, la persona podría enfrentar consecuencias penales y mayores obstáculos para obtener posteriormente autorización para ingresar a Estados Unidos. La situación migratoria dependerá de factores como los antecedentes individuales, el tipo de procedimiento mediante el cual ocurrió la deportación y las restricciones impuestas por las autoridades.

La Embajada estadounidense recomendó que quienes hayan sido deportados y deseen regresar recurran exclusivamente a los procedimientos legales disponibles y verifiquen previamente si cumplen los requisitos para solicitar autorización. Las autoridades insistieron en que intentar evadir las restricciones migratorias puede agravar considerablemente la situación jurídica del interesado y dificultar futuras solicitudes de ingreso, por lo que exhortaron a respetar los mecanismos establecidos por la legislación estadounidense.

UIF exhibe red de empresas y contratos usada para desviar millones ligados a García Luna

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló detalles del esquema mediante el cual, según sus investigaciones, fueron desviados recursos públicos y posteriormente movilizados a través de una red relacionada con Genaro García Luna. El titular del organismo, Omar Reyes Colmenares, explicó que las operaciones involucraron empresas fachada, contratos gubernamentales con presuntos sobreprecios y compañías vinculadas con la familia Weinberg.

De acuerdo con la UIF, entre 2008 y 2018 se identificaron contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas relacionadas por más de 403.9 millones de dólares. Las investigaciones señalan una presunta simulación de servicios, participación coordinada de funcionarios y particulares y utilización de compañías fachada, entre ellas NUNVAV, INC.

Las autoridades financieras también identificaron que entre 2015 y 2017 García Luna habría fondeado al conglomerado empresarial con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares. La UIF señaló que la familia Weinberg desempeñó un papel relevante dentro del entramado mediante compañías beneficiadas con contratos gubernamentales presuntamente otorgados con sobreprecios, mecanismo que habría permitido disfrazar pagos, aparentar la prestación de servicios y aumentar la cantidad de recursos públicos extraídos.

Según las cifras presentadas por la UIF, el monto total relacionado con los recursos desviados asciende aproximadamente a 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares. El organismo aseguró que el seguimiento de las operaciones financieras permitió reconstruir la ruta del dinero, identificar a personas y empresas involucradas y proporcionar elementos para emprender acciones legales encaminadas a recuperar activos relacionados con el esquema.

Como parte de esas acciones, el Estado mexicano inició procedimientos civiles en Estados Unidos para recuperar bienes vinculados con la red. Las autoridades informaron que recientemente México recibió 5.8 millones de dólares derivados de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en territorio estadounidense relacionadas con la familia Weinberg.

El caso financiero se desarrolla paralelamente a los procesos penales contra García Luna en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad Pública mexicano fue declarado culpable por un jurado federal en Nueva York de cinco cargos relacionados con narcotráfico y posteriormente recibió una condena de 38 años de prisión, además de una multa de dos millones de dólares.

La defensa del exfuncionario presentó una apelación contra las resoluciones judiciales argumentando diversas irregularidades durante el proceso, entre ellas presuntos testimonios falsos, ocultamiento de evidencia favorable, restricciones durante los contrainterrogatorios y cuestionamientos sobre la sentencia. Mientras ese procedimiento continúa, las autoridades mexicanas mantienen las acciones encaminadas a rastrear y recuperar los recursos que atribuyen a la red financiera vinculada con García Luna.

México recupera millones vinculados a red financiera del caso García Luna

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El Gobierno de México recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares como resultado de un litigio en Estados Unidos relacionado con la red financiera investigada en el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que los recursos provienen de una sentencia en Florida contra integrantes de la familia Weinberg y que el dinero ya fue transferido a la Tesorería de la Federación.

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el procedimiento contra los Weinberg derivó en una sentencia por aproximadamente 578.5 millones de dólares. La recuperación obtenida hasta ahora corresponde a una póliza de fianza y a la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida. Las autoridades señalaron que todavía existen activos pendientes de liquidación, por lo que podrían recuperarse cantidades adicionales.

La investigación financiera reconstruyó movimientos realizados entre 2008 y 2018 a partir de contratos públicos y transferencias internacionales. De acuerdo con la UIF, una parte del esquema tuvo su origen en contratos por aproximadamente 403.9 millones de dólares celebrados entre el entonces sistema penitenciario federal y empresas relacionadas. Posteriormente, parte de esos recursos habría sido transferida a compañías como Nunvav Inc.

Las autoridades identificaron una red de 16 empresas presuntamente utilizada para dispersar recursos mediante diferentes operaciones financieras. El seguimiento permitió ubicar movimientos en Panamá, Curazao, Israel, Andorra, Letonia, China y Barbados. También fueron detectadas operaciones relacionadas con otras compañías y servicios financieros que posteriormente fueron incorporados al expediente de investigación.

Según los cálculos presentados por la UIF, el monto total relacionado con el presunto desvío asciende a aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares. El análisis permitió seguir el recorrido de los recursos desde contratos públicos hasta diferentes empresas y cuentas ubicadas fuera de México, proporcionando elementos para emprender acciones tanto penales como civiles.

A partir de estos hallazgos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y promovió procedimientos en Estados Unidos para recuperar activos relacionados con la red. Las acciones legales contra integrantes del Grupo Weinberg forman parte de esa estrategia para regresar al Estado mexicano bienes y recursos que las autoridades vinculan con el entramado financiero investigado.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los 5.8 millones de dólares recuperados serán destinados a proyectos educativos en la Montaña Alta de Guerrero. El objetivo planteado por el Gobierno federal es utilizar esos recursos en beneficio de escuelas ubicadas en una de las regiones con mayores necesidades sociales del país.

La recuperación representa solamente una parte de los activos reclamados dentro del proceso estadounidense. Debido a que todavía existen bienes pendientes de liquidación, las autoridades mexicanas mantendrán las acciones legales y financieras para intentar recuperar cantidades adicionales relacionadas con el caso García Luna.

Reportan masivos cortes de energía eléctrica en diversas regiones de Venezuela

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CARACAS — Diversas zonas del territorio venezolano registraron severas interrupciones en el suministro eléctrico, dejando a múltiples comunidades sin luz y afectando las actividades cotidianas y comerciales en varios estados del país.

Usuarios en redes sociales y medios locales informaron sobre la interrupción repentina del servicio en áreas de la capital y en sectores clave del interior.

Sectores afectados e impacto local

  • Fallos en la capital y el interior: Las suspensiones del suministro afectaron tanto a sectores de Caracas como a varios estados del occidente y centro del país, donde el corte eléctrico interrumpió la conectividad y las redes de telecomunicaciones.
  • Afectación a los servicios básicos: La falta de energía causó fallas colaterales en el bombeo de agua potable y generó dificultades en la distribución de combustible y servicios comerciales.
  • Respuesta de las autoridades: Se espera que las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Gobierno informen sobre las causas exactas del evento y el avance en los trabajos de restitución del servicio en las zonas afectadas.

Un desafío para la infraestructura

La falla pone de relieve la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional (SEN) y la urgencia de concretar planes de inversión, mantenimiento e infraestructura energética para estabilizar la red eléctrica en todo el país.