El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune salió el domingo con cara de quien ha visto arder el patio trasero y ya no está para bromas. Anunció que quiere restablecer la aplicación de la pena de muerte para los pirómanos después de los incendios mortales que han dejado el norte y el este del país hechos un carboncillo de película de desastres. Dirigiéndose al ministro de Justicia en plena reunión de emergencia, ordenó una modificación del Código Penal antes del 15 de septiembre, que es mañana pasado en tiempo político.

Aunque la pena de muerte sigue siendo legal en Argelia, lleva en moratoria desde 1993, más tiempo aparcada que promesa de político en campaña. «Restablecemos la condena a muerte para los pirómanos», soltó Tebboune, y pidió que el proyecto pase primero por el gobierno y luego el Parlamento lo tramite a toda pastilla. Aclaró que la ejecución se llevará a cabo una vez los condenados hayan agotado hasta la última apelación, nada de atajos de western.

Los fuegos del noreste han dejado el país en estado de shock colectivo. El gobierno decretó tres días de duelo oficial y canceló fiestas culturales y competiciones deportivas, o sea, se acabó el ambiente de verbena. Según cifras oficiales, al menos 12 personas han muerto y decenas resultaron heridas, y se teme que la lista siga creciendo como factura de luz en agosto. Las autoridades ya han detenido a varios sospechosos de haber prendido la mecha.

Los incendios vinieron bien cebados por vientos fuertes, una ola de calor de las que derriten hasta las ganas de vivir y sequías cada vez más frecuentes, todo aderezado por ese cambio climático que el ser humano se empeña en regar con gasolina. En resumen, Tebboune ha decidido que contra el fuego se responde con la máxima dureza del Código Penal y que la moratoria de treinta años se va de vacaciones. Argelia pasa del duelo a la amenaza de cadalso mientras el monte sigue humeando y el termómetro no da tregua. Que alguien avise cuando apaguen de verdad las llamas, porque esto pinta más a juicio sumarísimo que a plan de reforestación.

Italia ha decidido que lo de dejar pasar gente como si esto fuera un mercadillo del domingo todavía no toca, y prorroga otros quince días la suspensión del régimen de libre circulación con España, justo cuando el plazo se caducaba este lunes más rápido que oferta de churros a las once de la mañana. Roma ya había echado el candado al acuerdo de Schengen con Madrid el 31 de julio durante un mes entero, todo porque a Ceuta le cayó una avalancha de migrantes venidos del vecino Marruecos que convirtió el enclave en un escenario digno de telenovela de sobremesa con saltos de valla incluidos.

El Gobierno italiano, en plan portero de discoteca en noche de fiestas patronales, sacó el comunicado con cara de “aquí no entra ni el primo del alcalde” y se plantó: frontera semi-cerrada, papeles al aire y a contar los días como quien espera que baje la resaca colectiva. Lo de Schengen, esa maravilla europea que en teoría te deja cruzar países sin enseñar ni el carné de la biblioteca, se ha quedado temporalmente en el cajón de los “ya lo arreglaremos cuando deje de llover gente”.

En resumen, Italia le dice a España: oye, el free pass se queda en pausa un par de semanas más, que esto de las llegadas masivas nos tiene el nervio más tenso que hamaca en día de viento. Y mientras tanto, Ceuta sigue haciendo de muralla improvisada y Bruselas mira de reojo como suegra en boda ajena. Que alguien avise cuando se acabe el drama, porque el candado italiano parece de los que se oxidan despacio.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió el sábado a calmar las aguas con cara de quien acaba de firmar un contrato de alquiler y ahora insiste en que el piso sigue siendo suyo. Según ella, el país conserva «la propiedad y la soberanía» de su petróleo después del polémico acuerdo anunciado el viernes que deja a Estados Unidos explotar yacimientos venezolanos como si fueran un solar abandonado con mucho potencial de chalet.

El viernes, Donald Trump soltó la bomba: una iniciativa sin precedentes para hacerse con el control de una quinta parte de las vastas reservas petroleras de Venezuela. La apuesta es que las empresas estadounidenses resuciten la industria energética hecha un cristo y, de paso, metan crudo barato en las gasolineras norteamericanas para que los precios del combustible dejen de asustar al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Trump dio pocos detalles, solo que Estados Unidos se había asegurado el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas mediante una asociación con empresas privadas y, ojo al dato, sin costarle un duro al contribuyente estadounidense.

Venezuela tiene las mayores reservas del planeta, pero produce apenas 1,25 millones de barriles diarios, una miseria comparada con lo que podría sacar después de años de subinversión, mala gestión y sanciones que dejaron la maquinaria más oxidada que bicicleta olvidada en el patio. Delcy detalló el sábado que el país mantiene la propiedad de los 17 «campos estratégicos» que controlará Estados Unidos con la meta de llegar a 1,5 millones de barriles diarios. A cambio, Venezuela se embolsaría 19 dólares por cada barril comercializado. «Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico», soltó la mandataria en televisión estatal para justificar por qué eligió «el camino de la diplomacia» con el vecino del norte.

La producción ya ha subido un 29,8 % entre enero y julio hasta los 1,2 millones de barriles diarios, pero sigue a años luz de los 3 millones que se extraían a finales del siglo pasado. Trump, por su parte, escribió que siguiendo sus instrucciones el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando codo a codo con la «muy respetada» presidenta interina, habían cerrado el chollo.

En resumen, Caracas dice que la llave de la casa sigue siendo venezolana mientras Washington se pone el mono de obra y se lleva el crudo a precio de amigo. Delcy vende diplomacia y soberanía intacta; Trump vende barriles y votos. El petróleo, mientras tanto, mira desde el subsuelo como suegra en pelea de herencias: todo el mundo pelea por él, pero nadie limpia del todo el salón.

Una comisión de la ONU ha soltado este lunes que los países están legalmente obligados a plantearse reparaciones por la trata transatlántica de esclavos y a pelear de verdad contra el legado de discriminación racial que, según ellos, sigue tan presente como cuñado discutiendo de política en la sobremesa. Las directrices del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se agarran a una convención de 1965 que es de las que pican y obligan, y no a las normas de cuando se traficaba con personas como si fueran cajas de tomates en oferta. El comité lo describe como un cambio de guion absoluto que deja atrás los rollos de “eso fue hace siglos y yo no estaba” con los que muchos gobiernos se escabullían de las reclamaciones.

Al menos 12,5 millones de africanos fueron capturados y vendidos entre los siglos XV y XIX en lo que califican como el mayor desplazamiento forzoso de la historia, una mudanza a la fuerza de las que dejan cicatrices hasta en los nietos de los nietos. Las peticiones de reparaciones —desde disculpas oficiales hasta compensación económica— han agarrado carrerilla internacional, aunque los detractores gritan que nadie debe pagar por crímenes de bisabuelos. La Unión Europea y Reino Unido se abstuvieron en una votación de marzo como quien se esconde detrás del sofá cuando llega la cuenta del restaurante.

Algunos Estados intentan zafarse en los tribunales con el cuento de que en aquella época no existían leyes internacionales que prohibieran la trata, el famoso principio de intertemporalidad que suena a excusa de abogado con despacho caro. Pero el documento de la ONU suelta que da igual cómo se calificaran entonces aquellos actos: los países siguen obligados a atajar las desigualdades estructurales que siguen vivas. La pasta sola no basta, añaden, e instan a medidas transformadoras como abrir archivos, revisar monumentos públicos y montar comisiones de la verdad independientes de las que no se quedan en foto bonita y discurso vacío.

Pela Boker-Wilson, experta liberiana del comité que ayudó a redactar el papel, espera que los Estados pasen de las lágrimas de cocodrilo a revisar de verdad sus políticas y leyes. “Instamos a medidas concretas y significativas”, dijo a Reuters. “Queremos reafirmar la dignidad de quienes sufrieron y fueron olvidados o minimizados”.

En resumen, la ONU ha sacado el recibo histórico y dice que la fiesta de la discriminación aún no ha cerrado el local. O se ponen a reparar con acciones serias o esto se pone más tenso que pelea de herencia en familia numerosa un domingo cualquiera. Que alguien avise cuando saquen la calculadora de verdad, porque el legado no se limpia con un “lo siento” de pasillo.

La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido presentarse a mandamás de la Organización Internacional del Trabajo y se queda como la única rival del actual director, el togolés Gilbert Houngbo, cuyo mandato se agota en septiembre de 2027. El plazo para echar la candidatura cerró este lunes más rápido que chiringuito en día de levante.

El Consejo de Administración de la OIT funciona como una mesa de tres patas eternamente inestable: gobiernos, empresarios y trabajadores, según esa estructura tripartita que parece diseñada para que nadie se ponga de acuerdo antes de la próxima era glacial. La misión de esta agencia de la ONU consiste en defender los derechos de los currantes y mejorar las condiciones laborales para que nadie acabe trabajando como si le hubieran enchufado un reloj de fichar en la frente. En junio, sin ir más lejos, sacaron un acuerdo histórico para proteger a los trabajadores de las plataformas digitales, esos héroes del reparto que pedalean bajo la tormenta mientras la aplicación les grita que el cliente ya está mirando el reloj.

Pero en la sede de Ginebra la fiesta se ha torcido. La agencia lleva años bailando con turbulencias de las que duelen por la caída de la financiación internacional, sobre todo la que llegaba de Estados Unidos. Washington pone el 22 por ciento del presupuesto, casi un cuarto de la tarta, y cuando el grifo se cierra aquí se pone cara de funeral. Ante el apretón han montado un plan de reforma que incluye eliminar 120 puestos de trabajo, equivalentes a 73 plazas a tiempo completo, según documentos internos que husmeó la AFP. La ironía es de órdago: la casa que predica empleo digno empieza a despedir gente como si estuviera en plena liquidación por cierre de temporada.

En resumen, Yolanda llega con ganas de arreglar el mundo laboral planetario mientras dentro de la propia OIT ya están contando sillas vacías y haciendo las maletas. Que la suerte y lo que quede de presupuesto la acompañen, porque esto pinta más a telenovela de recortes con final abierto que a cuento de hadas con contrato indefinido.

El nuevo jefe de la Reserva Federal, Kevin Warsh, apareció este lunes ante los ministros de Economía del G20 con cara de quien acaba de descubrir que el colchón familiar ya no sirve para esconder billetes. Según él, el planeta vive un auge de inversión tan desatado que el viejo exceso de ahorro se fue de vacaciones sin avisar y dejó el capital dando vueltas como cuñado en fiesta de quinceañera buscando dónde meterse.

Warsh, que estrenaba traje de primera reunión internacional desde que asumió en mayo, confesó que le muere la curiosidad por saber cómo piensan crecer los demás. Recordó que en las cumbres de antes, incluso cuando la crisis de 2008 todavía olía a humo de quemado, todo el mundo lloriqueaba por “un exceso de ahorro global” que tenía la plata dormida más que adolescente en lunes por la mañana. Ahora la película se dio vuelta: el dinero salió del refri, se puso zapatillas y corre a invertirse como si le hubieran dicho que se acaba el mundo el viernes.

En resumen, señores del G20, dejen de contar monedas debajo del sofá. El capital ya no está de huelga; está de juerga. Y Warsh solo quiere la lista de quién trae el próximo botellón de crecimiento para no llegar tarde a la resaca.