La tensión entre Panamá y China quedó expuesta este martes durante la Asamblea General de la OEA, donde representantes de ambos países protagonizaron un fuerte intercambio por la situación de los puertos estratégicos vinculados al Canal de Panamá. La controversia gira en torno a la decisión de la Corte Suprema panameña que declaró inconstitucional la concesión mediante la cual la empresa china CK Hutchison operaba los puertos de Balboa y Cristóbal.

El observador permanente chino ante la OEA, Xie Feng, cuestionó abiertamente la actuación de las autoridades panameñas y advirtió que decisiones de este tipo podrían afectar la confianza de los inversionistas internacionales. Según el diplomático, la toma de control de activos operados por empresas extranjeras genera incertidumbre sobre la seguridad jurídica y el respeto a las inversiones en el país centroamericano. Pekín pidió a Panamá revisar su postura y garantizar los derechos de las compañías chinas involucradas.

La respuesta panameña fue inmediata. El canciller Javier Martínez Acha defendió la decisión de las instituciones de su país y recordó que el Gobierno está obligado a respetar los fallos judiciales. Además, rechazó cualquier insinuación de interferencia política en las decisiones de la Corte Suprema y señaló que algunos representantes chinos no comprenden el funcionamiento de la separación de poderes dentro del sistema democrático panameño.

El choque diplomático refleja la creciente sensibilidad geopolítica alrededor del Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Aunque el gobierno del presidente José Raúl Mulino insiste en que no desea verse atrapado en disputas entre grandes potencias, la confrontación evidencia las tensiones crecientes entre los intereses estratégicos de China y la defensa de la soberanía institucional panameña. El debate también se extendió a las inspecciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos, un tema que añade nuevos elementos de fricción a una relación bilateral cada vez más compleja.

Las diferencias entre Irán y Estados Unidos volvieron a salir a la luz tras las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien rechazó que los activos descongelados como parte del reciente memorando de entendimiento con Washington vayan a utilizarse para adquirir productos agrícolas estadounidenses. El funcionario acusó a la administración de Donald Trump de difundir información falsa sobre el destino de esos recursos.

A través de un mensaje en redes sociales, Ghalibaf respondió con dureza a las afirmaciones de Trump, quien había sostenido que parte del dinero liberado serviría para comprar trigo, maíz y soya producidos en Estados Unidos. El dirigente iraní ironizó que la única «cosecha» proveniente de Washington ha sido la desconfianza acumulada durante décadas, además de criticar lo que calificó como promesas incumplidas y discursos vacíos por parte del gobierno estadounidense.

La controversia refleja las diferencias de interpretación sobre el memorando firmado el 17 de junio, mediante el cual Estados Unidos aceptó liberar una parte de los activos iraníes congelados por las sanciones. Mientras Washington presenta el acuerdo como una vía para canalizar esos recursos hacia determinadas compras, Teherán insiste en que los fondos estarán plenamente disponibles para sus propias prioridades y rechaza cualquier condicionamiento externo sobre su utilización.

El desacuerdo se suma a otras fricciones surgidas tras la firma del entendimiento, incluyendo las acusaciones cruzadas sobre la situación en Líbano y el control del estrecho de Ormuz. Ambos gobiernos mantienen posiciones opuestas respecto al cumplimiento del acuerdo, lo que alimenta las dudas sobre la estabilidad del proceso de distensión y la posibilidad de avanzar hacia una relación más estable entre Washington y Teherán.

Corea del Sur anunció un ambicioso plan para transformar sus fuerzas armadas mediante el entrenamiento de 500 mil «guerreros drones» y el despliegue masivo de sistemas no tripulados en todas sus ramas militares. La iniciativa busca reforzar la capacidad defensiva del país frente al avance tecnológico y militar de Corea del Norte, así como adaptarse a los nuevos escenarios de guerra observados en Ucrania y Oriente Medio.

El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, informó que los drones pasarán a formar parte del equipo estándar de los soldados, convirtiéndose prácticamente en una segunda arma personal. El plan contempla la incorporación de unos 11 mil drones de entrenamiento antes de finalizar el año y la expansión de la flota hasta alcanzar cerca de 60 mil unidades para 2029, con al menos un sistema asignado a cada pelotón del ejército, la marina, la fuerza aérea y la infantería de marina.

Además, Seúl prevé adquirir más de 20 mil drones de combate y reconocimiento de bajo costo antes de 2030, junto con enjambres controlados mediante inteligencia artificial, municiones merodeadoras y el despliegue del dron suicida K-Lucas, desarrollado por la industria nacional. Como parte de la estrategia, el gobierno decidió eliminar completamente el uso de componentes fabricados en China para garantizar la seguridad tecnológica de sus sistemas militares.

El proyecto también responde al deterioro de la situación estratégica en la península coreana y al fuerte descenso demográfico que enfrenta Corea del Sur, lo que reduce el número de nuevos reclutas disponibles para el servicio militar. Ante este escenario, el gobierno apuesta por la automatización, la inteligencia artificial y los sistemas no tripulados como pilares de la defensa nacional, mientras continúa el fortalecimiento militar de Corea del Norte y su creciente cooperación con Rusia.