El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que el caso de fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) será investigado a fondo y que los responsables serán castigados en línea con la política de cero impunidad.
El Gobierno de México se compromete a informar periódicamente sobre los avances en la recuperación de recursos y los procesos legales contra los funcionarios y personas involucradas en operaciones irregulares con fondos públicos.
López Obrador ha afirmado: «Este caso será llevado hasta sus últimas consecuencias porque el prestigio de este gobierno no se verá manchado. La honestidad es lo más importante para nosotros, y por eso estaremos informando a todos los mexicanos y enviando un mensaje claro a todos los servidores públicos».
El presidente ha enfatizado que el gobierno que representa es honesto y no será rehén de nadie, enfocándose en la erradicación de la corrupción y la impunidad. Desde el inicio, se presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en respuesta a este fraude.
El fraude en Segalmex se basó en la colocación de dinero público en bonos a través de casas de bolsa ficticias, que en realidad fueron creadas con el propósito de robar. Estas empresas supuestamente ofrecían mayores intereses.
Se ha logrado recuperar un total de 809.8 millones de pesos en tres vertientes: 800 millones de pesos en certificados bursátiles, 5.2 millones de pesos por intereses generados por los certificados bursátiles y 4.6 millones de pesos por procesos de conciliación.
Diversas secretarías y entidades gubernamentales, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y Seguridad Alimentaria Mexicana, están trabajando de manera coordinada para recopilar pruebas que respalden las denuncias presentadas ante la FGR.
A pesar de que los responsables intentaron ocultar pruebas sustrayendo los archivos centrales, el gobierno ha logrado recuperar un millón 200 mil documentos y facturas.
Hasta el momento, se han presentado 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, involucrando a 87 personas, incluyendo exservidores públicos y personas relacionadas con empresas vinculadas a la malversación de recursos.
Los delitos asociados a este desfalco incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, captación irregular de recursos y enriquecimiento ilícito. Además, se han denunciado compras de bonos basura con dinero público.
El proceso de investigación y recuperación de recursos continúa, y se han obtenido órdenes de aprehensión contra varias personas. El Gobierno de México está comprometido en esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, ha puntualizado que el monto de las irregularidades asciende a 9 mil 500 millones de pesos, desmintiendo la cifra de 15 mil millones de pesos reportada en algunos medios de comunicación. Se enfatiza que estas irregularidades aún deben ser aclaradas y no pueden considerarse como daños patrimoniales de manera definitiva.
El presidente López Obrador, junto con el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño, ha asegurado que este caso no afectará el abasto de alimentos básicos como maíz, frijol, azúcar y leche. Las tiendas Liconsa y Diconsa, presentes en comunidades marginadas de todo el país, contarán con suficientes insumos para satisfacer las necesidades de la población.
El gobierno mexicano continúa trabajando arduamente para esclarecer este caso de fraude y garantizar la rendición de cuentas. Se espera que las investigaciones y acciones legales en curso conduzcan al castigo de los responsables y contribuyan a fortalecer la transparencia y la integridad en el manejo de los recursos públicos.
