El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó en sesión ordinaria la reincorporación de un bien inmueble cedido al Laboratorio Nacional de Informática Avanzada Asociación Civil (LANIA), al patrimonio estatal,  tras vencer el plazo para el usufructo de personas morales para adquirir y administrar bienes raíces ajenos, estipulado en el Código Civil para el estado de Veracruz.

El Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda del Estado de la LXVI Legislatura consideró viable la solicitud del Poder Ejecutivo estatal para terminar el convenio con la referida A.C., ubicada en la ciudad de Xalapa, toda vez que el usufructo vitalicio autorizado por la LV Legislatura y publicado en la Gaceta Oficial con fecha 16 de abril de 1992, solo ampara 20 años y no los 31 que lleva actualmente.

De acuerdo con el documento, el Código Civil del estado de Veracruz, en su artículo 1073 dispone que el usufructo constituido a favor de personas morales para adquirir o administrar bienes, propiedad del Gobierno Estatal, solo durará 20 años, cesando antes si las personas morales dejaran de existir; de ahí la viabilidad de concluir dicho contrato al excederse el límite legal de temporalidad.

La solicitud enviada por el titular de Gobierno estatal obedece a las facultades del Ejecutivo “para emitir medidas de orden y evitar el menoscabo de los bienes, instalaciones o su funcionamiento, siendo preponderante la vigilancia, administración debida de los inmuebles de la propiedad estatal, es de observancia que fue adquirido con fines de uso habitacional, no así de lucro”, expone el dictamen.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Dirección General de Patrimonio del estado, realizarán los actos y procedimientos necesarios para la restitución del bien inmueble de propiedad estatal.

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado, por el que se adiciona un segundo y tercer párrafo al Artículo 18 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, con lo que se armoniza con la legislación general en la distribución de los fondos de la Recaudación Federal Participable.

De acuerdo con el dictamen, se establece que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ministrará a los municipios del Estado, los recursos que reciba de la Federación, provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para compensar la disminución en las participaciones vinculadas con la Recaudación Federal Participable, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y del respectivo Convenio celebrado con la Federación.

Además, refiere que la Sefiplan, de conformidad con la Constancia de Compensación de Participaciones que recibe el Estado, informará a través del Sistema de Consulta de Participaciones para Municipios, la compensación que les corresponde del Fondo General de Participaciones, atendiendo a las cantidades faltantes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya participado, relacionadas a la potenciación del FEIEF, en la parte proporcional que de este fondo se hubieran beneficiado a los municipios, independientemente de los ajustes que realice el Gobierno Federal.

A través del artículo tercero transitorio se establece que para la determinación de la compensación referida en el tercer párrafo del Artículo 18 de la citada Ley, se aplicarán los coeficientes vigentes en el año que se haya efectuado la potenciación.

De acuerdo con el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 19 de junio por el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal 2020, previó la posibilidad de que los recursos destinados al FEIEF puedan utilizarse para instrumentar ciertos esquemas de potenciación y de esta manera, se incrementarían los recursos que con cargo a este fondo reciben las entidades federativas.

Dicho mecanismo consiste en un esquema a través del cual las entidades federativas y sus municipios, directamente o por conducto del Gobierno Federal, monetizan los recursos futuros del FEIEF, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objeto de mitigar la previsible disminución de sus participaciones federales, a cambio de transmitir los recursos futuros que les correspondan del citado Fondo, en favor de un fideicomiso construido para tal fin.

En 2020, todas las entidades federativas impulsaron el mecanismo de potenciación del FEIEF y su operación se implementó mediante la celebración de convenios de colaboración con la Federación, en los cuales se establecieron las obligaciones de cada una de las partes frente al esquema de potenciación.

Asimismo, se destaca que la ministración de los recursos que deriven del vehículo de potenciación son homólogos a los recursos federales del ramo 28, denominado Participaciones a Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por consiguiente, resulta necesario que la legislación estatal sea armonizada con la federal, para dotar de certeza jurídica a la distribución de los fondos ligados a la Recaudación Federal Participable.

El dictamen registró 31 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones.

·         Da la Legislatura cumplimiento a la sentencia de la SCJN 148/2020 y sus acumuladas.

En sesión ordinaria y con 45 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, el Pleno de la LXVI Legislatura del estado aprobó el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, con lo que se determinó la redacción del párrafo primero y la adición de un párrafo tercero al Artículo 5 de la Constitución Política local, dando así cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas.

De esta manera, se dispone en el Artículo 5 constitucional: “El Estado tiene una composición pluricultural y diversidad étnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas u originarios y sus diferentes expresiones lingüísticas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres, en los términos que establezca la ley, otorgando la garantía más amplia en el acceso a la justicia y la participación ciudadana.

“Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.

En el dictamen, las Comisiones Unidas exponen los trabajos realizados por el Congreso del Estado, como autoridad responsable, y que se auxilió con la Representación Estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en calidad de órgano técnico asesor, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como órgano garante.

Asimismo, sobre todo el procedimiento realizado con las personas representantes de pueblos y comunidades indígenas u originarios en relación con la Consulta, el seguimiento a los temas y la redacción final del citado artículo constitucional.

Las Comisiones refieren que con la reforma constitucional contenida en el dictamen se da cumplimiento al Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible, denominado “Reducción de las Desigualdades”, esto es, reducir la desigualdad en y entre los países, y que específicamente señala “Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás forma parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; y al Objetivo 16, denominado “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, que consiste en promover sociedad justas, pacíficas e inclusivas.

Además, estima que reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia es contrario a la jurisprudencia de la SCJN, intérprete último de la Constitución.

Por último, indica que el reconocimiento de personalidad jurídica y la correspondiente creación de un nuevo sujeto de derechos es competencia exclusiva del Poder Reformador o Revisor de la Constitución. “Por tanto, en la jurisprudencia del Pleno de la Corte, el Congreso del Estado carece de competencia para reconocerles personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas, porque eso implicaría crear un nuevo sujeto de derechos”.

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