El diputado Bonifacio Castillo Cruz propuso una iniciativa de decreto que reforma el párrafo séptimo del Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz que daría reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la entidad.

Asimismo, a tener los derechos que establezca la ley, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión, toda vez que corresponde al Estado promover y proteger el patrimonio cultural y natural de las comunidades de afrodescendientes radicados en la entidad, a través de la implementación de las políticas públicas pertinentes.

En el uso de la voz, el legislador recordó lo aprobado por la LXV legislatura del Congreso local en 2020, así como la Acción de Inconstitucional promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el argumento de la vulneración del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades afromexicanas, previsto en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, señaló, el Pleno de la SCJN resolvió que determinar  la invalidez de la norma no es relevante si la medida es benéfica para el sector; sin embargo, en lo que respecta a los derechos señalados en la propuesta inicial que garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión, el Tribunal Constitucional determinó su afectación, toda vez que existe una relación directa con sus derechos, por lo que la consulta debería realizarse mediante los procedimientos culturalmente adecuados, libres, informados y de buena fe, subrayó.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia recaída en la Acción de Inconstitucionalidad, el legislador  propuso incorporar al artículo 5 de la Constitución Local la disposición declarada inválida por la SCJN por falta de consulta a los pueblos y comunidades afromexicanas y, por otra parte, la que fue eliminada en el Decreto impugnado, de tal forma que la medida legislativa propuesta sea sometida al procedimiento de consulta correspondiente.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes.

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó al Pleno de la Diputación Permanente una iniciativa de reforma al artículo 139 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para establecer que el concubinato es la unión de hecho entre dos personas, que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente, sin que exista un contrato entre ellos.

En su exposición en Tribuna, la legisladora subrayó que en cumplimiento a los Tratados Internacionales y precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 7 de marzo de 2019, el grupo legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz presentó una iniciativa de reforma al Código Civil que, entre otras propuestas, definía al concubinato como una figura similar al matrimonio, sobre todo en cuento a los derechos que derivan de la unión de las personas.

Al respecto, indicó, la primera Sala de la SCJN se pronunció en relación con la similitud y lo hizo al resolver la contradicción de tesis de epígrafe.

“Alimentos, los ex concubinos tienen derecho a alimentos después de terminada la relación de concubinato, en los mismos términos que lo tienen los ex cónyuges (legislaciones de Tamaulipas, Guerrero y Ciudad de México, aplicadas en los casos contendientes)”.

La Diputada agregó que tomando en consideración esta determinación jurisdiccional, la iniciativa en comento, aprobada el 28 de mayo de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 10 de junio de la misma anualidad, precisó la redacción para el concubinato como “la unión de hecho entre dos personas, sin que exista un contrato entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio, que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente.”

Sin embargo, aseveró, según criterio de la SCJN exigir cierto estado civil, como estar libre de matrimonio, para el reconocimiento de un concubinato, y con ello los derechos derivados de su extinción, es violatorio del principio de igualdad y no discriminación.

Por lo anterior, manifestó la legisladora, el artículo 139 del Código Civil estatal, en su porción normativa “ambos se encuentren libres de matrimonio”, tratándose de la figura de concubinato, resulta violatorio de los principios de igualdad y no discriminación.

“Por lo que resulta necesario reformarlo para que sea solamente la unión de hecho entre dos personas, que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente, sin que exista un contrato entre ellos”, precisó.

Por último, la diputada Magaly Armenta refirió que su iniciativa guarda estrecha concordancia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” de la Agenda 2030,  en el sentido que se trata de abonar a una sociedad en la que se promueva una auténtica y efectiva cultura de paz, que vaya de la mano de la inclusión e igualdad en aras de obtener, entre todas y todos, un profundo bienestar y progreso social.

A la propuesta se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y las diputadas Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete. Para su estudio y dictamen, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Con el objeto de dar certeza y respaldar a los ayuntamientos en acciones referentes a la hacienda pública, la Comisión Permanente de Hacienda Municipal de la LXVI Legislatura avaló su Programa Anual de Trabajo para 2023, el cual permitirá dar seguridad y continuidad a los trámites y asuntos remitidos a esta Soberanía por parte de los 212 municipios de la entidad.

Los integrantes de la Comisión, diputado Sergio Lenin Guzmán Ricárdez y la diputada Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, presidente y vocal, respectivamente, coincidieron que la injerencia de dicha instancia con los diversos ayuntamientos es de vital importancia, toda vez que, por la naturaleza de sus atribuciones, cada uno de los asuntos turnados y analizados resultan en beneficio directo para la ciudadanía.

En uso de la voz, el legislador Ricardo Guzmán Ricárdez, indicó que la Comisión está facultada para autorizar la enajenación de bienes muebles e inmuebles, celebración de convenios entre los ayuntamientos y dependencias de otros órdenes de gobierno; compromisos de obligaciones financieras, así como contratos de asociaciones públicos privadas y concesión de servicios públicos, entre otros.

Para tal fin, señaló, la Comisión de Hacienda Municipal tiene el propósito de acercar a las autoridades municipales un manual de requisitos para la debida integración de los expedientes, además de impulsar reuniones regionales para dar acompañamiento y asesorías, subrayó.

“Este programa de trabajo permitirá que las acciones realizadas por la instancia que presido, sean más accesibles, ágiles y cercanas a las autoridades municipales, dando celeridad a las respuesta de sus necesidades y disminuyendo la burocracia”, expresó el diputado.  

A invitación de la vocal de la comisión, diputada Nora Lagunes, y en presencia del Vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado Hugo González Saavedra, un grupo de presidentes de municipales de la región de las Altas Montañas, dialogaron con el legislador Sergio Lenin Guzmán con el objetivo de fortalecer lazos y ponderar el trabajo coordinado para el crecimiento de sus demarcaciones.