El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales que reforma diversas disposiciones de las leyes de cuatro organismos autónomos y la del Poder Legislativo, con la finalidad de homologar el texto relativo a que la persona que ocupe la titularidad de la Contraloría Interna pueda ser reelegida o ratificada en el mismo para un periodo adicional.

Se trata de las contralorías internas de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) y del Congreso local.

Tras la valoración del Pleno, la Mesa Directiva instruyó la apertura de la votación, que dio como resultado 28 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones.

De esta manera, fueron reformadas las Leyes Orgánicas de la Fiscalía General del Estado, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y del Poder Legislativo, todas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De acuerdo con el Dictamen, se retoma lo expuesto por el autor de la iniciativa, diputado Juan Enrique Santos Mendoza, en relación con que la reelección o ratificación en el cargo de la persona titular de la Contraloría Interna solo está previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Asimismo, precisa que para la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), en sus leyes orgánicas no está señalado el periodo de funciones de quien ocupe la titularidad del órgano interno de control, mismo que es de cinco años en los demás los organismos autónomos, previstos en el Artículo 67 constitucional y para el referido órgano del Poder Legislativo.

Por otra parte, expone que la posibilidad de reelección o ratificación por un periodo adicional está previsto para organismos federales como la Fiscalía General de la República (FGE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por lo anterior, se declararon procedente las modificaciones a las citadas cinco leyes, dado que así se homologa las disposiciones estatales con las federales y se da claridad acerca de la periodicidad de los cargos.

Previamente, los diputados Jaime Enrique de la Garza Martínez, Marlon Eduardo Ramírez Marín y Juan Enrique Santos Mendoza, así como la legisladora Adriana Esther Martínez Sánchez, hicieron uso de la tribuna para manifestar su posicionamiento.

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el cual son expedidas las convocatorias para designar a las personas titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de cinco organismos autónomos y del Poder Legislativo de Veracruz.

Se trata de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) y el Poder Legislativo estatal.

De acuerdo con las Convocatorias, publicadas para libre consulta en la página www.legisver.gob.mx, las propuestas de ciudadanas y ciudadanos para ocupar los citados cargos se recibirán del 5 al 11 de julio de este año, en días hábiles, de 09:00 a 18:00 horas.

La Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas recibirá las postulaciones de aspirantes a la Contraloría Interna de la CEAPP; la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, de la CEDH; la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, del IVAI, y la Comisión de Vigilancia, del Orfis, Poder Legislativo y Trijaev.

Del 12 al 21 de julio, cada comisión legislativa efectuará la revisión de la documentación entregada y entrevistará a cada uno de las o los aspirantes. Dichas entrevistas serán transmitidas en directo a través de la página del Congreso y en las redes sociales oficiales.

Cada comisión rendirá, a más tardar el 24 de julio, un informe a la Jucopo, que, a su vez formulará –en cada caso- un proyecto de Punto de Acuerdo en el que se propondrá la terna para la designación de la persona titular del OIC del organismo que se trate.

Dejan sin efectos decreto número 547

También en la Novena Sesión Ordinaria, las diputadas y los diputados aprobaron el Acuerdo de la Jucopo por el cual, en atención a la sentencia de 18 de enero de 2023, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 39/2020, se deja sin efecto el Decreto número 547, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el número extraordinario 50, de fecha 4 de febrero de 2020, relativo a los límites territoriales entre los municipios de Oteapan y Chinameca.

Este Acuerdo será comunicado al titular del Poder Ejecutivo estatal, al Coordinador en el estado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), a la SCJN y a los presidentes municipales de Chinameca y Oteapan, para los efectos legales a que haya lugar.

La diputada Itzel Yescas Valdivia presentó ante el Pleno de la LXVI Legislatura un Anteproyecto con Punto de Acuerdo a través del cual hace un llamado al Ejecutivo estatal para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado, expida en los siguientes 180 días naturales, el Reglamento respectivo.

Durante su participación, la legisladora recordó que en 2008 se realizaron reformas en materia de Derechos Humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el sistema procesal penal debiera cambiar de ser inquisitivo a uno acusatorio, enfocado, principalmente, en dos ejes rectores, la inclusión de la perspectiva de género en el sistema penitenciario, y el cambio del término “readaptación social” por “reinserción social”.

Para este fin, señaló, en 2012 fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz, abriendo la pauta del inicio de la reinserción social en la entidad.

Sin embargo, acotó Yescas Valdivia, “esta ley no ha sido respetada en su totalidad, toda vez, que actualmente el reglamento que se aplica en relación a la ley en mención, es el Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Veracruz, el cual data desde el 9 de junio de 1992”, precisó.

Tras esta falta de reglamentación, afirmó, los Centros de Reinserción Social no logran cumplir con el propósito de la reforma constitucional de 2008, “al carecer de una regulación que garantice que las personas privadas de la libertad puedan acceder al pleno respeto a sus derechos humanos, mismos que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar”, aseveró.

Asimismo, indicó que es de gran importancia que, después de casi 11 años de haber entrado en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz, el ejecutivo expida a la brevedad el Reglamento que regule a los Centros de Reinserción Social, adecuando el mismo a las necesidades actuales de las personas privadas de su libertad y armonizándolo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.