En un giro que parece sacado de una telenovela de sobremesa con final de juicio, el estado de Nuevo México ha llevado a los tribunales al Departamento de Justicia de Estados Unidos porque se niega a soltar los expedientes sin censurar del difunto Jeffrey Epstein. Según la demanda, la agencia federal está haciendo más difícil la investigación estatal que un examen de conducir sin coche. El rancho Zorro, ese lugar donde supuestamente pasaban cosas que ni la imaginación de un guionista de serie B se atrevería a inventar, sigue dando guerra años después.
Los demócratas que gobiernan el estado reabrieron el caso en febrero y ahora exigen los documentos completos para saber quiénes visitaban el rancho y quiénes trabajaban allí. La cosa podría ponerse internacional si salen nombres que ni los más cotillas de las redes sociales se esperan. El Departamento de Justicia, en plan abogado de barrio, responde que no puede entregar todo porque hay protecciones de privacidad, como cuando un vecino te dice que no te presta la cortadora de césped porque “es personal”.
La demanda acusa al gobierno federal de paralizar todo y de alargar el sufrimiento de las supervivientes, algo que suena más a pleito de condominio que a justicia seria. Mientras tanto, la investigación estatal sigue atascada como un atasco en hora punta, y los archivos de Epstein se convierten en el tesoro más guardado desde la receta del gazpacho de la abuela.
En resumen: un estado contra una agencia federal por unos papeles que nadie quiere leer en voz alta. Si esto sigue así, lo próximo será que Nuevo México pida también los vídeos de las cámaras de seguridad del rancho, y el Departamento de Justicia responda que están “en mantenimiento”. Porque en este país, cuando la política y los escándalos se cruzan, siempre hay alguien que acaba demandando para que le cuenten el chisme completo.
