El diputado Luis Antonio Luna Rosales presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual exhorta a las 212 autoridades municipales del estado de Veracruz a dar puntual cumplimiento a lo que establece la Ley de Mejora Regulatoria estatal e implementar acciones de simplificación en los trámites y servicios y disminuir el costo económico y social en beneficio de la ciudadanía.

Al participar en el inicio de Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional, el legislador subrayó que la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado, en su capítulo quinto del título segundo, obliga a los municipios a integrar Consejos Municipales de Mejora Regulatoria y a expedir su normatividad en la materia.

También, añade, que el presidente municipal debe nombrar a un Comisionado Municipal de mejora regulatoria con la intención de tener coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado municipal y la autoridad de mejora regulatoria estatal; además, determinar las acciones, estrategias y lineamientos mediante las cuales se regirá la política de mejora regulatoria municipal.

El Diputado destacó que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), a través de la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria (COMEVER), ha realizado acciones de socialización a través de la capacitación a 47 municipios con un total de 318 funcionarios públicos, realizando cuatro Foros Regionales de Consulta Pública, para el análisis de trámites y servicios municipales, donde hubo la participación de 53 municipios de las regiones Olmeca, Tuxtlas, las Montañas y Xalapa.

Así también, se cuenta con cuatro Grupos Técnicos de Trabajo integrados por 62 municipios, 18 cámaras y organismos empresariales y 12 instituciones educativas de las regiones antes expresadas.

Luna Rosales indicó que de acuerdo con datos de la COMEVER, del total de las 212 administraciones municipales de la entidad, se cuenta con 93 Enlaces Municipales de Mejora Regulatoria y 13 Consejos Municipales de Mejora Regulatoria en Alto Lucero, Coatzacoalcos, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, Orizaba, Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Teocelo, Veracruz y Xalapa.

Agregó que únicamente los municipios de Córdoba, Poza Rica y Veracruz cuentan con un Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria actualizado y publicado.

Asimismo, aseveró que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 contiene en el programa presupuestario Mejora Regulatoria Estatal, la estrategia de promover las inversiones en la entidad a nivel nacional e internacional, propiciando su desarrollo sostenible, la generación de empleos formales, así como el apoyo al sector microempresario y emprendedor mediante la gestión de recursos públicos y privados, que permita generar mejores condiciones económicas para la población de Veracruz.

El también secretario de la Comisión de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico dijo que la falta de una política de mejora regulatoria provoca que la ciudadanía tenga que realizar trámites y servicios con requisitos y cobros excesivos; tiempos de respuesta prolongados y abusos de poder por parte de las autoridades, “afectando negativamente la percepción ciudadana sobre el desempeño público, incidiendo en una pérdida de capital y desmotivación en el emprendimiento formal”.

Por último, manifestó que la Política de Mejora Regulatoria tiene como principales beneficios a las y los ciudadanos, por lo que no hay motivo para que autoridades municipales incumplan con la ley.

Mediante una iniciativa para reformar el Código Penal del estado, el diputado Paul Martínez Marie propuso a este Congreso actualizar las penas a que se haga acreedora la persona que cometa el delito de Cobranza Ilegítima, con la elevación a hasta cuatro años de prisión y de hasta 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), incluyendo la utilización de medios impresos o digitales para la exhibición y difusión de los datos personales del deudor o familiares de éste.

En la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el legislador expuso que, de manera indebida, empresas y personas que se dedican a dar préstamos en efectivo se apropian de los datos personales de sus clientes y hacen uso ilegal de los mismos para presionar el pago de créditos arbitrarios.

«Una de las tácticas de extorsión más frecuentes, es el envío masivo de mensajes a los contactos de sus clientes en redes sociales, usando una fotografía del mismo y leyendas que lo exhiben y señalan»

También señaló que las amenazas, difamaciones, videos y fotografías que publican los prestamistas o cobradores en las redes sociales para extorsionar a quienes solicitan un préstamo mediante apps o de manera personal generan un daño psicológico, violentan a las víctimas en su autoestima, personalidad, valores y forma de relacionarse con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Paul Martínez Marie estimó también que el derecho a la vida privada puede vulnerarse con los actos de hostigamiento, amenazas o violencia que llevan a cabo personas físicas y morales, con la utilización de datos e información privada, para cobrar deudas contraídas con particulares o instituciones de crédito.

Dichos actos ilegales –prosiguió el Diputado- generan en el deudor un ambiente hostil por ser sometido a una valoración social indebida por exhibir su deuda y morosidad y pone en riesgo su integridad y patrimonio al ser expuestos su domicilio y sus bienes, por lo que, consideró, estas acciones de los acreedores deben cesar.

A esto añadió información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), según la cual, en 2017 se registraron 22 mil 344 reportes de prácticas indebidas de cobranza, en 2020 aumentó a 27 mil 752 quejas y en 2022 el número incrementó a 39 mil 672.

La propuesta de reforma consiste en que a quien, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea personalmente o por medios ilegítimos, exhiba datos personales del deudor o familiares de éste, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento o intimidación en contra del deudor, de quien funja como aval de éste o de quien haya servido como referencia, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y una multa de 200 a 600 UMAs, además de las sanciones que correspondan si, para tal efecto, se emplearon documentos o sellos falsos, se usurparon funciones públicas o de profesión, o si se utilizó cualquier medio impreso o digital para la difusión de los datos personales del deudor o familiares de éste.

Con la adhesión del Grupo Legislativo de Morena, de las diputadas Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldán, además de los diputados Juan Enrique Santos Mendoza, José Luis Tehuintle Xocua y Ramón Díaz Ávila, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 173 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.