En un giro argumental digno de una comedia de enredos, la administración de Donald Trump ha decidido que la mejor manera de controlar su frontera es pedirle amablemente a México que, por favor, le ponga una correa a sus propios ciudadanos. Durante una reunión que debió ser surrealista, los altos mandos de Washington le sugirieron al gobierno de Claudia Sheinbaum que implemente la novedosa estrategia de impedir que los mexicanos viajen dentro de su propio país. Una petición tan lógica como pedirle al vecino que no use su sala porque no te gusta el color de sus cojines.
Este chispazo de genialidad diplomática, liderado por el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, surge porque las detenciones en la frontera alcanzaron un nuevo pico en el segundo mandato de Trump. En julio, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 9.200 migrantes. Si bien es el doble que el año anterior, es apenas una sexta parte de las multitudes que se veían en los tiempos de Joe Biden, lo que sugiere que el nivel de pánico en la Casa Blanca está calibrado en modo «drama queen».
El pequeño detalle que se les pasó por alto a los estrategas estadounidenses es que la Constitución de México, ese documento quisquilloso, garantiza la libertad de movimiento de sus ciudadanos. La idea de que Sheinbaum ordene a la gente de los estados del sur no moverse hacia el norte es una complicación legal y constitucional del tamaño de un elefante en una cristalería. Es básicamente pedirle a un gobierno que se autodemande por violar los derechos de su gente.
A pesar de este pequeño inconveniente, la Casa Blanca insiste en su versión de la realidad, con una portavoz declarando que tienen «la frontera más segura de la historia» y que «no se ha permitido la entrada a ningún inmigrante ilegal en Estados Unidos» durante 15 meses. Afirmaciones que chocan un poco con el hecho de que están pidiendo ayuda desesperadamente, como quien grita «¡estoy perfectamente tranquilo!» mientras su casa se incendia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por su parte, no respondió de inmediato, probablemente porque estaban demasiado ocupados buscando una cámara escondida o tratando de descifrar si la llamada de Washington era una broma pesada. Al parecer, la nueva política exterior estadounidense consiste en pedirle a otros países que hagan lo imposible para solucionar problemas que ellos mismos no pueden manejar.
Así las cosas, el gobierno de Sheinbaum se enfrenta a una petición que es, a la vez, una pesadilla logística y una violación flagrante de sus propias leyes. Mientras tanto, en Washington, alguien debe estar dándose palmaditas en la espalda por haber encontrado una solución tan «innovadora» que solo requiere que otro país ignore por completo su sistema legal. ¡Qué visionarios
