La Corte Suprema de California acaba de dictar una sentencia que deja claro lo siguiente: si tu medicamento contra el VIH no te mata directamente, la farmacéutica no tiene ninguna obligación de fabricar uno mejor aunque lleve veinte años sabiendo que existe una versión con menos efectos secundarios. Seis jueces contra uno. Como un jurado de reality show, pero con togas.
Los 24.000 pacientes que demandaron a Gilead porque la empresa decidió no sacar al mercado un medicamento alternativo más amable con el cuerpo se han llevado un “pues os jodéis” judicial de manual. El juez Groban lo explicó sin rodeos: reconocer esa responsabilidad sería como obligar a los laboratorios a innovar, y eso, según él, “crearía cargas sustanciales”. O sea, traducido al español de la calle: “Si ya estamos forrándonos con esta pastilla, ¿para qué vamos a gastar en otra que no dé tanto dinero?”.
Gilead celebró la victoria con un comunicado digno de un anuncio de banco: “Es un triunfo para todos los que trabajamos en el desarrollo de mejores tratamientos”. Claro, los mejores tratamientos que les convengan a ellos, no a los que se los tienen que tomar.
El caso ha puesto sobre la mesa el famoso “deber de innovar”. Según los críticos, obligar a las farmacéuticas a desarrollar alternativas más seguras encarecería todo, reduciría beneficios y podría dejar a pacientes sin medicamentos que, aunque tengan efectos secundarios, al menos funcionan. En resumen: mejor una mierda que funcione que nada. O como diría el cuñado de turno en la comida familiar: “Total, si no te mata, ¿de qué te quejas?”.
Los pacientes, mientras tanto, siguen con sus efectos secundarios y sin derecho a exigir que la empresa que gana miles de millones al año invierta un poco en no hacerles la vida más incómoda. La justicia californiana ha hablado: innovar es opcional cuando ya estás en números verdes.
Bienvenidos al mundo donde el deber de una farmacéutica no es curar mejor, sino no perder ni un euro en el intento.
