Claudia Sheinbaum confirmó que México ya solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario Genaro García Luna. La medida forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República que lleva años rastreando el mismo entramado de lavado que convirtió propiedades en Florida en un catálogo de casas compradas con dinero ajeno.
La UIF bloqueó las cuentas de Pereyra desde diciembre de 2019. Desde entonces, tribunales mexicanos y estadounidenses han ido sumando cifras que parecen sacadas de un videojuego de corrupción: en 2025 el juez William Thomas condenó a García Luna a pagar 748 millones de dólares y a su esposa a 1 mil 740 millones. Un año después, en mayo de 2026, un tribunal de Miami sentenció a la familia Weinberg y empresas relacionadas a entregar 578.5 millones más. El total acumulado supera los 3 mil millones de dólares que el Estado mexicano busca recuperar.
Mientras tanto, en octubre de 2023 Pereyra declaró en el juicio de su marido en Nueva York, explicando que las propiedades se compraron con créditos y bonos. El juez Brian Cogan no le creyó y condenó a García Luna a 460 meses de prisión. Ahora la esposa enfrenta la misma lógica financiera: lo que se compró con recursos públicos debe regresar a la misma bolsa de donde salió.
La presidenta mantiene el caso como prioridad sin necesidad de anuncios espectaculares. Mientras otros prefieren mirar hacia otro lado, México sigue cobrando facturas antiguas con la misma paciencia con la que se revisa una cuenta bancaria que alguien intentó ocultar.
