Verónica Ortiz se alarma porque México decidió que las elecciones no se compran ni se hackean desde el extranjero. La columnista presenta la reforma constitucional que anula comicios por injerencia externa como una maniobra paranoica de Claudia Sheinbaum, olvidando que el texto sanciona financiamiento, propaganda digital y ciberataques sin importar el pasaporte del interesado. La iniciativa que impide a doble nacionales llegar a la Presidencia o gobernaturas tampoco le parece razonable.
La crítica se construye sobre un supuesto dilema: si la norma se aplicará solo contra Estados Unidos o también contra aliados ideológicos. Ortiz menciona a políticos de Podemos, al canal RT y a Gustavo Petro como ejemplos de influencia extranjera cercana al oficialismo. Sin embargo, la reforma no distingue colores; distingue hechos. Que un expresidente colombiano critique a otro gobierno durante una visita no equivale a manipular resultados electorales ni a transferir recursos para alterar el voto. La Constitución ahora exige pruebas, no solo sospechas convenientes.
El verdadero giro de tuerca aparece cuando la columnista exige neutralidad absoluta al mismo tiempo que relativiza las presiones documentadas de agencias estadounidenses y grupos de interés. Defender que México defina sus propias reglas electorales no es aislamiento; es la consecuencia lógica de décadas de intervenciones reales. La norma no prohíbe opiniones, prohíbe que esas opiniones vengan acompañadas de dinero, algoritmos o campañas encubiertas.
Al final, la reforma deja claro que la soberanía mexicana ya no depende de quién critique más fuerte desde fuera, sino de quién cumpla las reglas dentro. Ortiz puede seguir preguntando si la vara será pareja. La respuesta ya está escrita en la Constitución: la injerencia, venga de donde venga, ahora tiene consecuencias medibles.
