La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que los expedientes ya no pueden tratarse como si fueran recetas de cocina que solo entienden los chefs. En un movimiento que mezcla lupa y lupa de aumento, ordenó revisar con enfoque interseccional el caso de una mujer chinanteca adulta mayor que pasó 78 días en prisión por falta de pruebas y ahora reclama al Estado que le pague el tiempo perdido.
El Pleno dejó claro que el género, la edad, el origen indígena y la barrera lingüística no son adornos decorativos. Cuando una persona solo habla su lengua y participa en un programa social, acusarla de peculado requiere más que una revisión rápida. La Corte estableció que las autoridades deben ordenar, recabar o perfeccionar pruebas en lugar de dejar que las condiciones de vulnerabilidad cierren la puerta. El criterio, derivado del Amparo Directo 44/2026, busca que el acceso a la justicia no dependa de cuántos idiomas domine el acusado.
En paralelo, la misma Corte reconoció el derecho de la comunidad tzotzil de La Candelaria al autogobierno y al presupuesto directo, pero aclaró que esa autonomía no sirve de excusa para matrimonios infantiles. El fallo, aprobado por unanimidad el 13 de julio y ya jurisprudencia obligatoria, obliga a los congresos locales a crear mecanismos reales. Mientras tanto, la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en Michoacán, fue admitida como tercera interesada en dos controversias sobre consulta previa, y en Nuevo León se eliminó la palabra “colectivos” de una ley para que la consulta alcance también derechos individuales.
Al final, la ministra Loretta Ortiz Ahlf resumió que las comunidades pueden organizarse, pero siguen sujetas a los derechos humanos nacionales e internacionales. La Corte, en lugar de complicar todo, simplemente recordó que la justicia no es un club exclusivo.
