La Suprema Corte de Justicia arruinó el plan de los estafadores que confían en la distracción de sus víctimas. En una decisión que grita ‘sentido común’, el tribunal determinó que el reloj para denunciar un fraude no empieza a correr mientras la víctima sigue en la inopia, sino hasta que descubre el chanchullo.
Todo surgió de una tierna disputa familiar en Guanajuato. En 2013, una mujer le compró una propiedad a su hermano mediante un acuerdo verbal y pagó completito. Años después, en 2020, el hermano, en un arrebato de generosidad mal dirigida, le “donó” esa misma casa a su esposa, quien rápidamente la vendió. La compradora original se enteró del numerito hasta 2021, cuando el nuevo dueño llegó a tocarle la puerta, probablemente con una orden de desalojo y cara de pocos amigos. Fue entonces cuando la afectada presentó su querella por fraude.
El hermano, en un movimiento legal digno de un coyote de caricatura, alegó que el delito ya había prescrito. Su lógica era impecable: como él hizo su transa en 2020, el plazo de dos años para denunciar ya había pasado para cuando su hermana se enteró. Básicamente, su defensa era que ella debió haberlo atrapado antes. Un tribunal inicial casi le da la razón, pero afortunadamente un Tribunal Colegiado y ahora la Suprema Corte devolvieron la sensatez al asunto.
Así, la SCJN desechó por unanimidad el recurso del hermano, confirmando que no se puede castigar a la gente por no tener una bola de cristal para detectar fraudes. La ministra Loretta Ortiz Ahlf recordó que la justicia debe ser efectiva, no una carrera contra un cronómetro secreto. La lección del día: para defraudar, se necesita que tu víctima sea psíquica.
