Rentar en la CDMX era un deporte extremo, una mezcla entre Los Juegos del Hambre y subasta de órganos. Pedían aval con propiedad en Júpiter y jurar lealtad eterna al casero. Pero el 14 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, decidió ponerle fin a la tragicomedia y presentó su iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas.
La propuesta es tan revolucionaria que suena a ciencia ficción: los caseros solo podrán exigir una garantía. Se acabaron los días de empeñar hasta el perico para juntar depósitos infinitos. Además, la ley establece algo que al parecer era un secreto de estado: las personas tienen hijos y, ¡sorpresa!, también animales de compañía. Cohabitar con ellos ya no será motivo para ser vetado como si fueras un pirata buscando posada. La iniciativa de Brugada básicamente le recuerda al mercado inmobiliario que los inquilinos son seres humanos, no cajeros automáticos con patas.
Para asegurar que nadie se pase de listo, los aumentos anuales no podrán superar la inflación, poniendo fin a la creatividad financiera de quienes subían la renta según su horóscopo. Y si eso no fuera suficiente, se creará la Defensoría Inquilinaria, una especie de Vengadores de los rentistas que ofrecerá asesoría gratuita tanto a inquilinos como a propietarios. Mientras los especuladores buscan un nuevo pasatiempo, el gobierno garantiza con firmeza que la vivienda es un derecho, no el boleto de lotería de unos cuantos.
La iniciativa ahora pasará al Congreso, donde se decidirá si la ciudad sigue siendo un Monopoly para privilegiados o un lugar para vivir. Por lo pronto, miles de inquilinos contienen la respiración, esperando el día en que su contrato de renta no incluya una cláusula para donar su primogénito.
