La Auditoría Superior de la Federación llegó al INE como quien entra a un tianguis donde todos venden el mismo elote pero con facturas distintas. Aureliano Hernández Palacios Cardel presentó el 30 de octubre de 2026 en San Lázaro la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025 y reveló que dos grupos empresariales acumularon 8 mil 870 millones de pesos en operaciones con entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones corresponden a organismos electorales locales.
El auditor explicó que tras el escándalo reciente, la ASF inició una investigación de oficio que abarca a todos los organismos públicos locales electorales, proveedores y servidores públicos involucrados. Los hallazgos incluyen empresas que subcontratan a otras del mismo grupo para participar en licitaciones, certificaciones revocadas por timbrado de facturas por 21.3 millones de pesos y una compañía suspendida del padrón de importadores. También detectaron sociedades con menos de cinco empleados, algunas sin ninguno, que facturaron cientos de millones, además de redes de vínculos entre los grupos y funcionarios públicos.
El mecanismo más creativo consistió en crear competencia ficticia para garantizar adjudicaciones a precios inflados que afectan el erario. Hernández Palacios Cardel señaló que estas conductas buscan el origen de prácticas que perjudican el patrimonio público sin mencionar aún nombres específicos.
Al final, la ASF demostró que la autonomía fiscalizadora permite detectar telarañas que antes pasaban como telarañas normales. Mientras tanto, el INE sigue pareciendo un concurso donde todos ganan menos el contribuyente.
