El juez Alexandre de Moraes ordenó a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes pocas horas después de que Lula ganara las elecciones. La medida, justificada por el riesgo de fuga ante varias investigaciones penales, cayó como una bomba entre el equipo del presidente electo. Varios asesores de Lula la consideraron un desastre que solo sirvió para que el hijo del expresidente se presentara como víctima.
El momento elegido por Moraes irritó incluso a algunos magistrados del Tribunal Supremo que buscaban rebajar la tensión con los seguidores de Bolsonaro. En lugar de calmar los ánimos, la decisión reforzó la idea entre la oposición de que el tribunal persigue a su movimiento político. El resultado fue más división en un país que Lula prometió unir.
El Partido Liberal de Bolsonaro consiguió 29 escaños en el Senado y ya cuenta con el apoyo de al menos 49 legisladores para destituir a magistrados. Aunque faltan cinco votos para alcanzar la mayoría necesaria, la presión sobre Moraes es evidente. El propio Lula empieza a ver al juez como un lastre que complica su nuevo mandato.
Durante la campaña el presidente electo ya habló de reformar el tribunal con mandatos fijos de entre nueve y quince años y límites de edad para los nombramientos. Ahora sus asesores le insisten en que esa reforma ya no puede esperar. El estilo confrontativo de Moraes y sus vínculos con un banquero investigado por fraude han puesto al juez en el centro de todas las miradas.
La historia del Supremo brasileño parece una montaña rusa judicial: detuvo a Lula en 2018 por corrupción y luego anuló sus condenas cuando el viento político cambió. Hoy ese mismo tribunal que Lula utilizó contra Bolsonaro se ha convertido en un problema que amenaza con erosionar la credibilidad de la institución. El presidente se encuentra ante la tarea de reformarla sin que el intento termine de dinamitar los tres poderes del Estado.
