Tres fiscales de delitos económicos recibieron la carpeta para hurgar en los negocios de Santiago Peña con Ueno Bank. La orden llegó justo cuando la renuncia del expresidente ya había pasado por Diputados y solo falta que el Senado la apruebe o la use de posavasos.
El fiscal general Emiliano Rolón armó el equipo como quien junta gente para un asado que termina en pelea. Christian Benítez, Elena Fiore y Silvia González tendrán que revisar si los fondos públicos terminaron en Ueno como quien mete la plata del sueldo en un casino que después quiebra.
Los legisladores denunciaron que Peña declaró acciones por más de seis mil millones de guaraníes y después las vendió antes de que todo estallara. También aparece un hermano suyo en una sociedad offshore que suena más a refugio fiscal que a empresa familiar.
El Banco Central advirtió excesos, vendieron carteras a empresas fantasmas con plata del mismo banco y después dijeron que todo estaba arreglado. Es como prestarle el auto al vecino, chocarlo y después afirmar que el choque nunca pasó.
El IPS subió los depósitos en Ueno de ochenta mil millones a más de dos billones de guaraníes después de bajar los requisitos de calificación. Itaipú hizo lo propio. Mientras tanto, casi tres millones de clientes hacían cola frente a las sucursales como si fueran a regalar choripanes.
Ahora la fiscalía debe averiguar si hubo enriquecimiento ilícito, lavado o simple negligencia con aroma a complicidad. Peña ya no es presidente, pero la investigación sigue como una telenovela que nadie pidió pero todos miran por el morbo.
El Congreso aprobó una ley de emergencia para pagar hasta cuarenta salarios mínimos por depositante. Es la forma elegante de decir que el Estado pone la plata mientras los que armaron el despelote ya vendieron sus acciones y se fueron de vacaciones.
