Un juez federal de Boston ha enviado al basurero legal la última ocurrencia del gobierno de Donald Trump para husmear en los cajones de Harvard. El magistrado Myong Joun rechazó la demanda del Departamento de Justicia que pretendía obligar a la universidad a entregar montañas de expedientes de admisión, todo en nombre de una supuesta investigación sobre si la raza sigue colándose en las decisiones.
Trump y su equipo llevaban meses con la mosca detrás de la oreja, convencidos de que Harvard sigue haciendo trampas después de la sentencia del Supremo que prohibió los cupos raciales. Querían datos de miles de solicitantes, con nombres, apellidos y hasta el color de los calcetines, para demostrar que la universidad sigue favoreciendo a minorías. Harvard respondió con un “ni de broma” y acusó al gobierno de usar la demanda como venganza porque la universidad se niega a convertirse en una sucursal de la Casa Blanca.
El juez no se anduvo con rodeos y consideró que la administración no había seguido los pasos legales obligatorios antes de demandar. Además, recordó que Harvard ya ha ganado varias batallas parecidas: le han tumbado intentos de congelar más de dos mil millones en ayudas, de vetar estudiantes extranjeros y de acusarla de no proteger a alumnos judíos.
Los abogados de la universidad lo resumieron sin rodeos: esto no es una investigación seria, es un numerito de represalia porque Harvard no quiere cambiar su junta directiva, sus profesores ni sus clases para que queden a gusto del inquilino de la Casa Blanca. Trump, por su parte, llegó a pedir mil millones de dólares de indemnización porque, según él, la universidad “se ha portado muy mal”.
Al final, el juez ha dejado claro que para cotillear expedientes ajenos hace falta algo más que un berrinche presidencial. Harvard sigue en pie, Trump sigue enfadado y el expediente de la demanda ha terminado donde merecía: en el olvido.
