La diputada Ana María Gazmuri armó un escándalo digno de una telenovela de espionaje barato al exigir que Gendarmería y el Ministerio de Seguridad Pública expliquen por qué la empresa china Hytera anduvo pavoneando el sistema de radios de las prisiones en un concurso internacional. Todo esto pese a que el contrato original parecía más sellado que la celda de un narco famoso.
Según el reportaje de Contrapoder Chile, la compañía presentó su solución “Hytera Converged TETRA–Private LTE” ante los International Critical Communications Awards y quedó finalista. El detalle que dejó a todos con la boca abierta es que el pliego de licitación prohibía divulgar detalles técnicos por razones de seguridad nacional, pero Hytera decidió ignorar eso como quien comparte la clave del wifi en una reunión familiar.
Gazmuri envió oficios formales preguntando si existió alguna autorización para convertir información estratégica en material de promoción comercial. La parlamentaria señaló que no se trata de cualquier chisme, sino de la arquitectura de comunicaciones que protege a los gendarmes y mantiene controlados a los internos. La preocupación crece porque la misma empresa podría participar en la renovación de radios de Carabineros.
Para colmo de males, Hytera arrastra una condena en Estados Unidos por robar secretos comerciales de Motorola, lo que llevó a un juez a multarla con cincuenta millones de dólares. En Chile, sin embargo, parece que nadie revisó si exponer el sistema en un escenario internacional equivalía a dejar las llaves de la prisión en la puerta de entrada.
La diputada exige saber qué información se entregó, quién autorizó la presentación y si alguien evaluó los riesgos de que detalles sobre la red penitenciaria terminen en manos ajenas. Mientras tanto, el episodio deja flotando una pregunta incómoda: ¿quién vigila que las empresas de tecnología sensible no conviertan contratos de Estado en simples trofeos para lucir en vitrinas extranjeras?
