El gobierno federal decidió aumentar otro 11 por ciento el subsidio adicional al diésel, dejándolo en 2,6 pesos por litro durante la última semana de octubre. Esto ocurre justo cuando el petróleo superó los 116 dólares por barril y las presiones internacionales amenazan con encarecer todo. El objetivo parece ser evitar que el combustible se vuelva más caro que una comida en un restaurante de lujo sin propina incluida.
Durante siete semanas seguidas, Hacienda ha renunciado a cobrar el impuesto completo al diésel, que equivale a 7,3 pesos por litro. En lugar de recaudar, el Estado prefiere inyectar dinero para mantener los precios controlados. La estrategia recuerda a quien presta dinero a un amigo sabiendo que nunca lo recuperará, pero lo hace para que la fiesta no se acabe.
El subsidio a la gasolina magna bajó al 48 por ciento, es decir 3,2 pesos por litro, mientras que el de la premium se ubicó en 50 por ciento con 2,7 pesos. Quienes usan autos deportivos o de lujo siguen recibiendo un alivio menor, pero el diésel, usado en transporte, agricultura e industria, recibe el trato preferencial. El contraste genera la sensación de que unos pagan más por el mismo combustible que otros.
El crudo brent subió con fuerza la semana pasada por los conflictos en Rusia y el veto a exportaciones de diésel. El gobierno intenta mantener el diésel por debajo de 27 pesos y la magna por debajo de 24 mediante un pacto voluntario con empresarios. Sin embargo, los retrasos en las refinerías de Pemex impiden que el país produzca todo lo que necesita y sigue dependiendo de importaciones.
Claudia Sheinbaum mantiene el acuerdo para contener la inflación, pero el objetivo de que Pemex abastezca toda la demanda nacional sigue postergado desde el sexenio anterior. Cada semana sin cobrar impuestos completos representa un agujero fiscal que alguien, en algún momento, tendrá que tapar. Mientras tanto, el subsidio funciona como un parche temporal en una manguera que sigue goteando.
