La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el ajuste fiscal al autotransporte de carga es solo una poda sensata a un beneficio que se había vuelto desproporcionado, sin impacto alguno en los precios de la canasta básica ni en la operación diaria de las carreteras mexicanas. El cambio, que baja el umbral de ingresos anuales de 300 a 250 millones de pesos para acceder al beneficio completo por pago de peajes, afecta apenas al 6 por ciento de las empresas que usan el esquema, mientras el 94 por ciento, incluyendo a los transportistas hombre camión, mantiene sus condiciones intactas.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que la medida generará 4 mil 500 millones de pesos adicionales en 2027, una cifra modesta frente a los 13 mil 900 millones que sigue costando el beneficio total. Recordó que el esquema nació en 2002 sin límite alguno y que ya en 2019 se impuso el primer tope porque el gasto se había disparado sin control. De las 2 mil 580 empresas que aprovechan la deducción, solo 170 dejarán de recibirla completa a partir del próximo año. La Secretaría de Gobernación informó que el paro convocado este lunes 26 de octubre lo impulsa un sector minoritario de la CANACAR, mientras la mayoría de las organizaciones del ramo decidió no sumarse.
La mandataria enfatizó que el gobierno mantiene diálogos permanentes con el sector sobre seguridad carretera y que existen otros apoyos fiscales vigentes, como la deducción del IEPS al diésel, que en conjunto sumaron 115 mil millones de pesos en 2025. La Segob recibirá a los representantes del autotransporte a las once de la mañana para revisar cualquier planteamiento, aunque el ajuste busca corregir un privilegio que creció sin freno durante años.
Mientras tanto, el pequeño grupo que amenaza con detener camiones parece olvidar que la mayoría del sector ya decidió seguir trabajando y que el país no se paraliza por una deducción que apenas roza a unos cuantos.
