El ex presidente Santiago Peña fue imputado por abuso de confianza y enriquecimiento ilícito tras la quiebra del Banco Ueno. La Fiscalía pidió prisión preventiva y señaló que intervino en decisiones para colocar fondos públicos y de la seguridad social en esa entidad. Los senadores votaron unánimemente su destitución un día después de que la Cámara Baja aprobara el mismo proceso.
Peña poseía acciones en el Grupo Vázquez, dueño del banco, hasta el año pasado. Los depósitos del Gobierno en Ueno pasaron de cero a más de 800 millones de dólares durante su mandato. El expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, también enfrenta cargos por falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito.
El vicepresidente Pedro Alliana asumió el cargo el viernes y garantizó el pago de pensiones atrapadas en el banco. Las autoridades ya devolvieron 996 billones de guaraníes a casi 1,2 millones de cuentas. Las protestas estallaron porque una de cada tres personas tenía ahorros en la entidad.
La crisis generó la mayor convulsión política en Paraguay desde la destitución de Fernando Lugo en 2012. Miguel Vázquez, dueño del banco, fue detenido mientras los reguladores congelaban los fondos. Peña perdió el escaño vitalicio que le habría dado inmunidad al ser destituido en lugar de aceptar su renuncia.
Alliana superó su propia votación de destitución y gobernará hasta agosto de 2028. Varios países, entre ellos Brasil y Chile, le desearon éxito al nuevo mandatario. El caso expuso los lazos entre Peña y el banco que creció sin control hasta su derrumbe.
El expresidente rompió con su mentor Horacio Cartes en los últimos meses, lo que aceleró su caída dentro del Partido Colorado. La Fiscalía menciona reuniones con funcionarios de la seguridad social para invertir en instrumentos del Ueno Bank. El resultado es un país que ahora paga las facturas de un banco que se evaporó como un asado mal vigilado.
