La Unidad de Inteligencia Financiera metió la mano al congelador y bloqueó las cuentas de 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores del INE. La medida, anunciada el 4 de noviembre, llega tras detectar operaciones con olor a riesgo que ameritan revisión seria. Entre los nombres que flotan están los hermanos Hernández Casillas y la exconsejera Guadalupe Taddei, aunque todo sigue en etapa preventiva y sin sentencia definitiva.
Las publicaciones periodísticas empujaron el tema al centro de la mesa, pero la SHCP actuó con la frialdad de quien ya tenía los números en la mano. La lista de personas bloqueadas no es un castigo eterno, sino un alto temporal mientras la FGR revisa los expedientes. La Auditoría Superior de la Federación, por su parte, abrió una investigación de oficio que abarca desde el viejo IFE hasta los OPLEs, buscando patrones de contratación en los últimos 25 años. Nadie queda fuera del escáner y el debido proceso sigue intacto.
El absurdo del caso radica en cómo un puñado de proveedores logró convertir la organización de elecciones en un negocio familiar con toques de película de mafiosos de barrio. Ahora la UIF y la ASF revisan con lupa cada peso gastado entre 2000 y 2025. El resultado es una radiografía que podría revelar concentraciones de contratos y prácticas que nunca debieron repetirse.
Al final, las instituciones encargadas de vigilar el dinero público demuestran que pueden mover ficha sin esperar que el escándalo les estalle en la cara. El proceso sigue su curso y la garantía de audiencia permanece disponible para quien quiera defenderse.
