La Auditoría Superior de la Federación encendió los reflectores sobre los órganos electorales locales y el INE, justo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera revisar a fondo las administraciones anteriores. Lo que parecía un llamado rutinario se convirtió en una cacería de irregularidades que abarca desde el viejo IFE hasta los OPLEs, con tres líneas de investigación activas y sin piedad para los contratos sospechosos.
Las pesquisas incluyen una revisión de oficio a todas las compras públicas de los organismos electorales, un estudio histórico de adquisiciones entre 2000 y 2025 para detectar patrones de proveedores y prácticas dudosas, además de una auditoría completa al gasto federalizado en los estados. La ASF ya advierte de múltiples fallas históricas en el ejercicio de recursos, aunque mantiene su trabajo con independencia técnica y apego estricto a la ley. El escándalo de renuncias y señalamientos queda en segundo plano frente al avance ordenado de las revisiones.
El enfoque actual pone énfasis en transparentar cómo se gastó el dinero público en elecciones pasadas, sin dramatismos innecesarios. Mientras tanto, el gobierno federal sigue impulsando la limpieza institucional con pasos firmes y sin titubeos. Al final, la democracia mexicana parece más parecida a un refrigerador viejo que por fin recibe mantenimiento serio que a un circo sin control.
