El reportaje del diario español The Objective sobre el trámite de nacionalidad de Beatriz Gutiérrez Müller parece más una cacería de clics que un análisis serio de procedimientos consulares. Publicado el 3 de noviembre de 2026, el texto presenta como escándalo lo que en realidad fue un trámite ordinario bajo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. El expediente, iniciado el 30 de abril de 2025, se basa en la línea española del abuelo Agustín Gutiérrez Arias, nacido en Rodiezmo, León, en 1907.
Los funcionarios del Consulado de España en México actuaron dentro de sus facultades al gestionar un documento faltante, algo que cualquier oficina hace cuando un solicitante presenta una negativa justificada. Comparar este caso con uno en Caracas no prueba favoritismo, solo demuestra que cada consulado aplica criterios prácticos según las circunstancias. Gutiérrez Müller presentó el Anexo I correspondiente y cumplió con los requisitos de la ley, igual que miles de descendientes de exiliados. El medio español omite que su padre ya obtuvo la nacionalidad en 2003 mediante otra norma similar.
El verdadero absurdo radica en convertir una nota adhesiva y un sello de “documentación completa” en prueba de corrupción. Mientras tanto, el trámite avanzó con normalidad y sin alterar plazos ni reglas. La misma ley que ahora critican fue aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, no por México.
Al final, el escándalo revela más sobre la necesidad de titulares sensacionalistas que sobre cualquier irregularidad real. La historiadora siguió el camino legal que corresponde a su ascendencia y el consulado cumplió su labor sin dramas.
