Un ciudadano de Chile perdió más de dos millones seiscientos mil pesos en una estafa digital. El Banco de Crédito e Inversiones decidió demandarlo en vez de asumir la pérdida. Según la entidad, el cliente no cuidó bien su clave de la aplicación BCIpass. El tribunal de Coyhaique rechazó de plano esa versión y obligó al banco a devolver el dinero.
La corte revisó la declaración del afectado ante Carabineros y no encontró ninguna prueba de que hubiera entregado su clave a terceros. El banco insistió en que el hombre aceptó mensajes por teléfono, pero eso no equivale a revelar dígitos secretos. Los jueces concluyeron que la entidad no demostró dolo ni culpa grave por parte de la víctima.
El fallo recordó que, en fraudes electrónicos, la carga de la prueba recae en el banco profesional que debe garantizar la seguridad de sus usuarios. Al no aportar evidencia suficiente, el BCI quedó obligado a restituir el monto completo según la ley vigente. El cliente, que solo quería recuperar su plata, terminó ganando un pleito que nunca pidió.
La escena resulta tan absurda como si un carterista demandara a su víctima por llevar billetera en el bolsillo. El banco prefirió litigar antes que admitir fallas en su sistema de protección. Ahora deberá soltar el dinero que le quitaron a su cliente sin que este moviera un dedo de más.
La resolución deja claro que las entidades financieras no pueden endosar sus responsabilidades al primer cliente que caiga en una trampa digital. El afectado recuperará sus dos millones seiscientos mil pesos y el banco aprenderá, a la fuerza, que demandar al robado no siempre sale barato.
