La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 26 por ciento según la encuesta Cadem, siete puntos menos desde que estalló la polémica por los decretos que redujeron penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Otras mediciones de Criteria y Pulso Ciudadano también marcaron mínimos históricos. Todo empezó cuando se supo que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó resoluciones que permitieron salidas anticipadas basándose en que la ley de 2022 no podía aplicarse de forma retroactiva.
Kast llegó al cargo en marzo con un 57 por ciento de apoyo y se presentó como el defensor del orden público contra los delitos violentos. Ahora la crisis judicial aceleró una caída que ya duraba varios meses, según el académico Kenneth Bunker. El presidente reconoció el error pero decidió mantener a Rabat en el puesto, alegando que cambiar de ministro no arregla el problema de fondo.
El 70 por ciento de los encuestados por Cadem rechaza que Kast conserve al ministro, mientras que el 78 por ciento desaprueba su manejo del asunto. Rabat insiste en que actuó conforme a la ley y a fallos judiciales vigentes. Algunos legisladores de derecha ya evalúan apoyar una acusación constitucional contra él, lo que complica la disciplina dentro de la coalición gobernante.
El subsecretario Luis Silva presentó su renuncia tras haber firmado varios de esos decretos durante un reemplazo temporal. Silva había difundido un video en redes donde explicaba que siguió instrucciones del ministro. La salida del funcionario fue el primer despido de alto nivel desde que comenzó el escándalo.
La situación deja al gobierno intentando contener el daño mientras la oposición prepara acciones legales. Bunker señaló que la salida de Rabat no revertiría el costo en popularidad ya pagado. Kast, que prometió mano dura contra el crimen, ahora enfrenta una crisis que combina errores judiciales con el descontento por el estancamiento económico.
