El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sugirió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal revisar la Constitución Política para solucionar el conflicto que enfrenta el Gobierno Federal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el proyecto que busca invalidar la primera parte del Plan B.
El Gobierno Federal acusa que la SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión si invalida las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre de 2022. Sin embargo, la Consejería del Ejecutivo citó el principio de división de poderes como la máxima prohibición que enfrentaría la Suprema Corte.
La madrugada del 7 de diciembre de 2022, luego de que la Cámara de Diputados rechazara la Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador, una copia del Plan B con modificaciones secundarias fue presentada ante el pleno y se aprobó su discusión y votación, pese a que las y los legisladores no lo habían leído. Por tal motivo, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC interpusieron una acción de inconstitucionalidad que luego se vio reflejada en el proyecto del ministro Pérez Dayán.
El proyecto de Pérez Dayán necesita al menos ocho votos a su favor para poder invalidar la primera parte del Plan B y será este 8 de mayo cuando el pleno del Máximo Tribunal someta este tema a discusión nuevamente.
En este contexto, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha hecho un llamado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a revisar la Constitución Política para solucionar este tipo de conflictos de manera más eficaz. A través de sus redes sociales, Córdova advirtió que, a veces, leer la Constitución completa puede ayudar a resolver conflictos trascendentales como el que hoy vive la Consejería Jurídica.
Cabe destacar que el Gobierno de México ha acusado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sustituir al Congreso de la Unión al pretender invalidar las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre de 2022. Sin embargo, el artículo 105 de la Constitución Política reconoce las facultades de la SCJN para conocer y discutir las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se interpongan ante las normas, tal como ocurrió con el Plan B.
Será este 8 de mayo cuando el pleno del Máximo Tribunal someta este tema a discusión nuevamente. El proyecto de Pérez Dayán necesita al menos ocho votos a su favor para poder invalidar la primera parte del Plan B. La decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá implicaciones significativas para el futuro político de México.
