El activista de derecha Charlie Kirk recibió un disparo mortal en el cuello por un individuo durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, reportan medios locales.

En redes circulan videos del tiroteo. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene también difundió una grabación del momento del disparo. «¡Han disparado a Charlie Kirk! ¡Recen por él!», escribió en su cuenta de X.

Kirk, de 31 años, fue trasladado a un hospital. El activista se encuentra en estado crítico, según informó AP citando a un representante del orden público.

Se reporta que el presunto atacante ha sido detenido. Medios locales han difundido un video de un hombre esposado y arrodillado entre agentes de seguridad. Sin embargo, The New York Times aclaró citando a un portavoz de la universidad que la Policía determinó que el hombre detenido no fue el atacante.

La portavoz de la Universidad del Valle de Utah, Ellen Treanor, dijo a The New York Times que en el momento del ataque, el tirador se encontraba en Losee Center, un edificio situado a unos 200 metros del lugar del evento.

Varios legisladores y altos funcionarios han condenado el ataque y han emitido declaraciones de apoyo al activista y su familia.

«Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran tipo en todos los sentidos. ¡Que Dios lo bendiga!», escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, comunicó que su agencia está dando seguimiento a lo sucedido.

«Estamos siguiendo de cerca las noticias sobre el trágico tiroteo en el que se ha visto involucrado Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todas las personas afectadas. Los agentes acudirán rápidamente al lugar de los hechos y el FBI apoya plenamente la respuesta y la investigación en curso», escribió en su cuenta de X.

Kirk es conocido por su postura abierta sobre una serie de problemas urgentes como el covid-19, la ciencia climática, asuntos de raza y casos criminales de alto perfil, como el proceso de Jeffrey Epstein o el asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarútskaya.

Así, el activista señaló que el caso de la joven ucraniana es «una historia que se niegan a contar» los medios de comunicación como «CNN, Washington Post, NYT, ABC, NBC, etc.».

El ataque israelí de este martes contra la cúpula del movimiento palestino Hamás que se encontraba en la capital catarí, Doha, donde se discutía la propuesta del alto el fuego en la Franja de Gaza, «destruyó» cualquier esperanza de liberación de los rehenes israelíes retenidos en el enclave palestino, declaró este miércoles el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani.

En su conversación con medios estadounidenses, el primer ministro catarí destacó los esfuerzos pacificadores de Washington y su presidente, Donald Trump, por alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino y agregó que, a su vez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «estaba perdiendo» su tiempo con la mediación y «no era serio».

El jefe de Gobierno catarí declaró que ahora el país «no encuentra palabras para expresar» cuán «enojados» están por el ataque, que no es más que «terrorismo de Estado». En este contexto, aseguró que «habrá una respuesta de la región» y esto es lo que se está discutiendo entre los socios. Agregó que se espera que esta respuesta sea «genuina» y capaz de detener «la intimidación» del país hebreo.

De igual modo, aseveró que el primer ministro de Israel con su política «amenaza» a otros países de Oriente Medio que, por su parte, no representan ningún peligro para la nación hebrea. Al Thani manifestó que Netanyahu «debe ser llevado ante la Justicia» y recordó que es buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, de lesa humanidad y posible genocidio en la Franja de Gaza.

Previamente, Benjamín Netanyahu aseguró que perseguirá y eliminará a los «terroristas» que llevaron a cabo el ataque del 7 de octubre de 2023, tal y como hizo Estados Unidos con el que fuera líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En este contexto, lanzó una advertencia a Catar y «a todas las naciones que albergan a terroristas»: «o los expulsan o los llevan ante la Justicia». Y añadió: «Porque si no lo hacen, nosotros lo haremos».

¿Qué pasó?

Según reportes, el objetivo del ataque israelí fueron los negociadores del grupo palestino que se habían reunido en Doha para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Entre los presentes en el encuentro figuraban Zaher Jabarin y Khalil al-Hayya. Hamás declaró que su cúpula sobrevivió a la agresión, aunque al menos seis personas perdieron la vida, entre ellas el hijo de Al-Hayya, el director de la oficina del mismo dirigente, tres escoltas y un miembro de la Fuerza de Seguridad Interna de Catar.

Países de la región, varias naciones latinoamericanas, la Unión Europea, así como Rusia y China condenaron el ataque.

El millonario acuerdo secreto establecido entre el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y su par de El Salvador, Nayib Bukele, para encarcelar a migrantes ha salido a la luz.

La Fundación Democracy Forward, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de políticas públicas para denunciar la corrupción en el Poder Ejecutivo de EE.UU., accedió y publicó el texto del polémico acuerdo que permite deportar a migrantes desde EE.UU. a El Salvador.

Según el documento, la administración Trump desembolsó a través del Departamento de Estado, un total de 4 millones 760.000 dólares para que Bukele aceptara el traslado de «aproximadamente» 300 personas etiquetadas —sin pruebas— como supuestos integrantes de una organización delictiva.

El destino de los deportados, acusados sin fundamentos de pertenecer al «Tren de Aragua», era la prisión de máxima seguridad antiterrorista: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La estadía mínima en ese recinto, de acuerdo al pacto, es de un año.

La transacción millonaria habría sido realizada a través del JP Morgan Chase Bank y el Banco Central de Reserva de El Salvador. El documento, que fue obtenido a través de una demanda introducida por Democracy Forward y la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy Human Rights, prohíbe al gobierno de Bukele utilizar los fondos entregados en iniciativas, programas u organismos que apoyen o defiendan las caravanas de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o asesoría legal. Tampoco podrán brindar atención a la salud reproductiva, especialmente casos de abortos.

«El acuerdo mencionado en esta carta no constituye un acuerdo internacional y los derechos u obligaciones derivados del mismo no se rigen por el derecho internacional. Cualquier asunto o disputa relacionada con el acuerdo, incluidas las obligaciones legales de las partes, se resolverá exclusivamente mediante consultas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y el Departamento de Estado», dice parte del documento.

Además, indica que el Departamento de Estado de EE.UU. no asumirá «responsabilidad alguna por reclamaciones de terceros», cuando existan «casos de daños y perjuicios» derivados por la implementación del mencionado acuerdo.

El pacto ha sido denunciado por Democracy Forward y la Robert F. Kennedy Human Rights, ya que lo consideran una oscura implementación de la vetusta Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) para acelerar las deportaciones de migrantes sin papeles.

«Facilitar la desaparición de personas»

La publicación de los detalles del mencionado acuerdo avivó el debate sobre las deportaciones rápidas y las violaciones a los derechos de los migrantes.

Democracy Forward advirtió que el documento no incluye ninguna cláusula que obligue a El Salvador a impedir torturas, confinamientos indefinidos u otros abusos dentro del Cecot, cárcel que ha ganado fama por su historial de violaciones a los derechos humanos.