Lorena Alfaro García, candidata por el PAN y el PRI para la reelección como alcaldesa de Irapuato en Guanajuato, se encuentra en medio de señalamientos por presunta complicidad en una trama de corrupción inmobiliaria, donde se alega que opera bajo la protección del poder en la ciudad, involucrando a su pareja, el empresario Héctor Javier Marmolejo.
Durante los últimos cuatro años, esta red supuestamente ha buscado gentrificar las zonas donde se ubican los proyectos de vivienda de interés social liderados por Marmolejo. Este empresario, quien es accionista y director general de INDRET México, filial de un grupo inmobiliario con sede en España, habría obtenido diversos permisos para la construcción de tres proyectos que en conjunto suman casi dos mil viviendas. Se alega que su relación con Alfaro ha facilitado estos negocios bajo el sello de la administración municipal.
Uno de los aspectos destacados es la compra de un macro terreno denominado «La Palma» por el Ayuntamiento de Irapuato en julio de 2022. Aunque se planeaba donarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un hospital, la adquisición se vio envuelta en irregularidades. Además, se adquirió una reserva territorial pegada a «La Palma» por el Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (IMUVII), sin acceso directo a la vía pública, por un valor catastral de 7.7 millones de pesos.
Se denuncia también un préstamo de 12 millones de pesos otorgado al IMUVII por el Ayuntamiento para completar el pago de este predio, lo cual fue criticado por la fracción de Morena al considerarlo impagable para un instituto con problemas financieros.
La fase final de este supuesto plan implicó la autorización de un endeudamiento de más de 184 millones de pesos por parte del Congreso de Irapuato, solicitado por Lorena Alfaro, para la rehabilitación de la Avenida Independencia y la pavimentación de la Avenida Gabriel García Márquez, obras que benefician directamente a los fraccionamientos Santa Sofía y San Javier, así como al predio adquirido por Marmolejo en 2022, todos propiedad de INDRET.
Estos hechos han generado un intenso debate sobre la integridad y transparencia en la gestión pública local, así como sobre los potenciales conflictos de interés en el ámbito político y empresarial.
