El Senado de la República aprobó, con 94 votos a favor y 34 en contra, el decreto que reforma el Artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. La iniciativa, presentada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluye nuevos supuestos como extorsión, delitos relacionados con precursores químicos y drogas sintéticas, contrabando, y actividades vinculadas con comprobantes fiscales falsos.
Aprobación y siguiente paso
Por tratarse de una reforma constitucional, el decreto fue enviado a las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su validación. Será necesario que al menos 17 de las 32 entidades federativas aprueben la enmienda para que entre en vigor.
Alcance de la reforma
La reforma busca que los jueces ordenen prisión preventiva oficiosa en casos graves de:
- Extorsión: Delito que, según el senador Óscar Cantón Zetina, tiene un impacto devastador al generar terror, paralizar comunidades y perpetuar la pobreza.
- Delitos contra la salud: Incluyendo tráfico y producción de drogas sintéticas como el fentanilo.
- Contrabando: En cualquier modalidad.
- Falsificación de comprobantes fiscales: En actividades que impliquen evasión fiscal.
La medida también limita las interpretaciones judiciales al exigir que se respeten de manera literal las disposiciones del decreto.
Posturas encontradas
A favor:
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentó que incluir la extorsión en el catálogo de delitos es un acto de justicia para quienes enfrentan amenazas constantes y sufren las consecuencias del crimen organizado.
En contra:
Senadores del PRI, PAN y MC, entre ellos Claudia Anaya, votaron en contra y citaron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señalan que la prisión preventiva oficiosa vulnera la presunción de inocencia y debe aplicarse de manera excepcional.
Impacto normativo
Una vez aprobada por las legislaturas estatales, el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar las leyes secundarias con la reforma. Por su parte, los congresos locales contarán con un año para ajustar sus marcos normativos.
Al entrar en vigor, todas las disposiciones legales que contradigan el decreto serán derogadas, incluidos reglamentos, acuerdos y normativas administrativas.
Debate sobre derechos humanos
La reforma enfrenta críticas debido a la tensión con estándares internacionales de derechos humanos. La CIDH ha recomendado eliminar el arraigo y limitar la prisión preventiva, dado su uso indebido en México, que puede derivar en violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.
El debate en torno a esta reforma resalta el balance entre fortalecer el combate al crimen y garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema de justicia penal mexicano.
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