El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, junto con diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración (INM), condenaron los disparos de militares que resultaron en la muerte de seis migrantes y 10 heridos el pasado 1 de octubre de 2024 en Villa Comaltitlán, Chiapas.
Las organizaciones señalaron que este incidente es consecuencia de la creciente militarización de las políticas migratorias en México, que priorizan la seguridad nacional sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Exigieron una investigación exhaustiva, atención médica para los heridos, y apoyo jurídico y psicosocial para las víctimas y sus familias. Asimismo, reclamaron una reparación integral del daño y garantías de no repetición.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que los soldados involucrados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y subrayó que «no puede repetirse una situación así». Los migrantes involucrados provenían de países como Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Cuba.
