Organizaciones civiles y candidatos judiciales presentaron nueve impugnaciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para demandar la anulación de la reciente elección judicial, al considerar que estuvo plagada de irregularidades y fue manipulada por actores gubernamentales.
Los recursos, respaldados por más de 300 páginas de argumentos y 200 pruebas, fueron entregados por colectivos como Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, PROJUC, Defensorxs, Laboratorio Electoral y Práctica: Laboratorio para la Democracia. Aseguran que la elección fue una “operación de Estado” para imponer a candidatos oficialistas mediante mecanismos como la distribución de acordeones —listas visibles de candidatos a votar— que aparecieron de forma sistemática en todo el país.
De acuerdo con los impugnantes, el 100% de los candidatos incluidos en dichos acordeones resultaron electos: nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y dos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“No vamos a quedarnos cruzados de brazos frente a este atropello. Exigimos que la autoridad electoral y el Tribunal limpien esta elección. Nuestro derecho es gozar de procesos libres y legítimos”, afirmó Gabriela Sterling, representante de Poder Ciudadano.
Acusan intervención del Ejecutivo
Miguel Alonso Meza, de la organización Defensorxs, fue más contundente al acusar una “intervención ilegal” desde la presidencia de la República, gobernadores y el partido oficialista, lo cual —dijo— invalida la totalidad del proceso.
Entre otras anomalías señaladas en los recursos de impugnación, destacan:
- Evaluación opaca y con fallas de al menos 26 candidatos considerados “de alto riesgo”.
- Inicio del proceso sin reglas claras y sin mecanismos ciudadanos de vigilancia.
- Inequidad en el voto, como ocurrió en la Ciudad de México, donde el sufragio de un ciudadano tuvo cinco veces más peso que el de uno en el Estado de México.
- Ausencia de representantes de candidatos independientes en las casillas y en los conteos.
«Elección ilegítima», acusan ONG
En conferencia de prensa, integrantes de Saber Votar y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) calificaron el proceso como ilegítimo, fraudulento y diseñado para consolidar el control del oficialismo sobre el Poder Judicial.
Guillermo Torres Quiroz (Saber Votar) y René Bolio Halloran (CMDH) advirtieron sobre una grave crisis de legitimidad y transparencia, al señalar que la mayoría de los magistrados del Tribunal de Disciplina tienen vínculos directos con Morena.
“Esta elección no fue un ejercicio ejemplar. Fue una elección de mala calidad”, sentenció Arturo Espinosa Silis, de Laboratorio Electoral.
INE aplaza sesión por disputa sobre requisitos académicos
En paralelo, el INE suspendió la sesión programada para validar cuántos de los 464 magistrados de circuito electos cumplen con los requisitos constitucionales de promedio mínimo académico: 8 en licenciatura y 9 en especialidad.
La polémica surgió luego de que la consejera Carla Humphrey propusiera invalidar al menos 33 candidaturas por no cumplir con ese criterio. Sin embargo, tras una segunda revisión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, declaró que sólo tres eran inelegibles, lo que generó desacuerdo entre consejeros y obligó a un nuevo receso.
Finalmente, se acordó una revisión completa de las 464 candidaturas para determinar si cumplen con los estándares exigidos por la Constitución.
Hacia una posible anulación
Las organizaciones firmantes buscan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte declaren nula la elección, al advertir que no se trató de un proceso auténtico sino de una “elección de Estado”.
“No puede permitirse que sea la Presidencia, y no la ciudadanía, quien decida a los ganadores. Este precedente es inaceptable para la democracia mexicana”, enfatizaron.
El caso podría marcar un punto de inflexión para la independencia judicial en México, al tiempo que pone a prueba la capacidad de las instituciones electorales para responder a una elección altamente cuestionada.
