Greenpeace México ha interpuesto un juicio de amparo en respuesta a las recientes reformas a la Ley de Amparo, argumentando que estas modificaciones limitan el acceso a la justicia, especialmente para personas y comunidades que defienden derechos humanos y ambientales.
Pablo Ramírez, campañista de Justicia Climática en Greenpeace, subrayó la importancia de mantener discusiones abiertas y transparentes sobre el uso del juicio de amparo, asegurando que deben incluir las voces de las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Ramírez explicó que la suspensión, una figura clave dentro del juicio de amparo, permite proteger a las personas de daños irreversibles mientras se resuelve el proceso judicial. Restringir esta figura podría significar que, incluso ganando un juicio, los afectados no estarían protegidos contra los daños que buscan evitar.
Greenpeace argumentó que el juicio de amparo debe ser un mecanismo accesible y efectivo para la protección de derechos, y considera cuestionable que las reformas empiecen por limitar la suspensión, ya que esto podría permitir que los daños ambientales o sociales que se tratan de prevenir terminen ocurriendo.
Además, la organización señaló que las reformas contravienen acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que protege a los defensores ambientales y garantiza el acceso a la justicia, incluyendo medidas cautelares para prevenir daños al medio ambiente. En México, esto se traduce en la suspensión dentro del juicio de amparo, por lo que su limitación es vista como un paso delicado y preocupante.
Greenpeace espera que los artículos reformados sean declarados inconstitucionales y que se reabran las discusiones necesarias para garantizar el acceso a la justicia, especialmente para las comunidades y sectores más vulnerables. La organización reafirmó su compromiso de seguir utilizando el juicio de amparo como herramienta de protección de derechos y de trabajar para que sea cada vez más accesible para las comunidades que acompaña.
