Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción al firmar el decreto de creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE). Este organismo se encargará de recopilar y procesar información relacionada con la prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El UIPE será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Finanzas del estado. Este anuncio representa un avance trascendental en la estrategia para combatir la corrupción en la entidad.
El Gobernador Jara Cruz explicó que la Unidad tendrá varias funciones cruciales. Será responsable de crear un sistema de información fiscal y patrimonial, permitiendo la recopilación y análisis de datos relacionados con temas fiscales y patrimoniales para la investigación de actividades potencialmente ilícitas.
Además, la UIPE podrá requerir y obtener información de diversos sujetos, incluyendo notarios y autoridades registrales y catastrales. También llevará un registro de personas bajo investigación por actividades ilícitas y colaborará con las autoridades competentes.
Este nuevo organismo también tendrá el poder de celebrar convenios de colaboración con instancias federales y podrá denunciar o presentar querellas ante el Ministerio Público. En palabras del Gobernador, esta acción envía un mensaje claro: «En nuestro gobierno no habrá ni indiferencia ni complicidad».
Con la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña demuestra su compromiso con el Nuevo Pacto Social, que aboga por una convivencia pacífica y segura, la profundización de la democracia, la lucha contra la corrupción, la resolución de conflictos y el respeto y promoción de la cultura de los pueblos y comunidades desde una perspectiva intercultural.
Esta iniciativa no solo busca combatir la corrupción, sino también contribuir a la equidad y el desarrollo, garantizando el buen uso de los recursos destinados al bienestar de las familias oaxaqueñas y al impulso de obras esenciales para el progreso del estado.
