📌 CDMX y Edomex concentran el 31% de los casos registrados desde octubre
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, un promedio de 41 personas desaparecen diariamente en México desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 11 de marzo de 2025, se reportaron 6,726 desapariciones, lo que representa un incremento del 92.44% respecto al mismo período del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se contabilizaron 3,495 casos.
Estados con más casos
📍 Estado de México: 1,065 casos
📍 Ciudad de México: 1,013 casos
📍 Sinaloa: 524 casos
📍 Puebla: 518 casos
📍 Michoacán: 410 casos
📍 Sonora: 378 casos
📍 Baja California: 317 casos
🔹 Estas siete entidades concentran más de la mitad de las desapariciones del país.
Grupos de edad más afectados
🔸 15 a 19 años: 1,167 casos (551 hombres, 616 mujeres)
🔸 25 a 29 años: 857 casos (681 hombres, 176 mujeres)
🔸 20 a 24 años: 793 casos (591 hombres, 202 mujeres)
🔸 30 a 34 años: 778 casos (612 hombres, 165 mujeres)
📌 El grupo más vulnerable es el de los adolescentes de 15 a 19 años, con más de 1,100 desapariciones en cinco meses.
Expertos señalan impunidad y crisis institucional
Jonathan Ávila, coordinador del eje de desapariciones en CEPAD A.C., advierte que la falta de capacidad en las fiscalías y la impunidad han agravado el problema.
📢 “No hay un seguimiento puntual ni esclarecimiento de los hechos. La mayoría de las víctimas nunca son localizadas, y los responsables quedan impunes”, afirmó.
🔹 Como ejemplo, Ávila mencionó el caso de Ayotzinapa, señalando que «si en un caso con tanta atención mediática no se logró justicia, muchos otros quedan en el olvido».
Para combatir esta crisis, expertos sugieren:
✅ Acciones contra el reclutamiento forzado.
✅ Creación de protocolos nacionales de identificación de cuerpos.
✅ Reforma profunda en las fiscalías para mejorar la investigación.
📌 La crisis de desapariciones sigue en aumento en México, exigiendo respuestas inmediatas del gobierno y un cambio estructural en las políticas de seguridad y justicia.
