El Gobierno cubano y miles de ciudadanos rechazaron con fuerza la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996. La Habana la calificó como una “provocación política fraudulenta” para endurecer el bloqueo y justificar posibles agresiones.
El presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez condenaron la medida, asegurando que responde a una legítima defensa del espacio aéreo cubano tras repetidas violaciones por parte de avionetas anticastristas de Hermanos al Rescate, ignorando advertencias previas.
Como respuesta, se convocaron concentraciones masivas en todo el país. La principal se realizó en la Tribuna Antiimperialista de La Habana, donde decenas de miles de personas manifestaron su respaldo incondicional al líder histórico de la Revolución.
La acusación incluye cargos de conspiración, destrucción de aeronaves y asesinato. Cuba reafirmó su apoyo total a Raúl Castro y defendió su derecho soberano a proteger su territorio, en medio de renovadas tensiones con Washington.
