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viernes, abril 19, 2024

La FGR emite 61 órdenes de aprehensión relacionadas con individuos vinculados a García Luna

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La Fiscalía General de la República (FGR) anunció a través de un comunicado que ha obtenido 61 órdenes de aprehensión contra individuos vinculados a contratos formalizados para penales federales durante la gestión de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La FGR, dirigida por Alejandro Gertz Manero, no proporcionó más detalles en el comunicado, pero aseguró que en breve se dará a conocer información relevante sobre el caso.

«A través de nuestro Twitter oficial, se obtienen 61 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales en época de Genaro ‘G'», se escribió en el comunicado.

Es importante destacar que esta misma mañana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a Sonia Vargas Terreros, actual coordinadora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de haber firmado contratos por un total de 71 millones 600 mil dólares a favor de empresas relacionadas con Genaro García Luna, quien recientemente fue acusado de delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló esta información durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, especificó que Vargas Terreros y otros funcionarios están siendo investigados por la FGR en relación con esta red.

«Estos contratos son relevantes porque se realizaron con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos: el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012, y el periodo que abarca desde 2012 hasta 2018. El primero, encabezado por Felipe Calderón, y el segundo por el anterior presidente de nuestro país, Peña Nieto», reveló Gómez.

Gómez afirmó que no se trata de simples delitos, sino de actos vinculados a una extensa trama de corrupción, cuyas implicaciones económicas son reclamadas en México.

Estos acontecimientos se producen pocos días después de que el presidente AMLO señalara a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, por emplear a Vargas Terreros. Sin embargo, fuentes judiciales han respondido que la ministra no avaló la contratación.

A medida que se desarrolle la investigación, se espera que la FGR proporcione más información sobre las órdenes de aprehensión y los presuntos delitos cometidos por las personas vinculadas a los contratos relacionados con penales federales durante la gestión de García Luna.

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