Félix Arturo Medina Padilla, ha denunciado que el accionar de algunos miembros del Poder Judicial ha resultado en retrasos significativos en juicios y procesos penales relacionados con el pago de impuestos. Esta situación, según sus declaraciones, ha tenido un impacto negativo en la recaudación de la Hacienda pública, ocasionando una pérdida estimada de alrededor de 80 mil millones de pesos.
El procurador explicó que esta cifra representa un 25 por ciento de aumento en el apoyo a beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, o el presupuesto de tres años y medio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Señaló que si estos casos fueran abordados adecuadamente y los impuestos fueran pagados conforme a lo debido, se podría fortalecer la implementación de programas sociales y la inversión en obra pública.
Durante la conferencia, se presentaron ejemplos concretos de retrasos en la impartición de justicia. Uno de estos casos involucra a una empresa de gran tamaño con presencia nacional, la cual fue fiscalizada en los años 2010, 2011 y 2013. A pesar de deber más de 25 mil millones de pesos en impuestos, la empresa empleó estrategias legales para impugnar y posponer la emisión de una sentencia.
Después de 13 años de litigios, el capital adeudado aún no ha sido recuperado. En los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales solicitó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar estos litigios, bajo la justificación de la facultad de atracción excepcional, y ha retrasado las resoluciones sin causa evidente.
En respuesta a esta situación, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación acusó a la Suprema Corte de ser omisa en abordar estos asuntos. Argumentó que este retraso indebido contradice la Constitución, la esencia misma del máximo tribunal y los recursos de la población mexicana. Ante esto, Medina Padilla anunció que el Gobierno de México presentará una queja contra el ministro Aguilar Morales.
