Resulta que un puñado de tipos que se suben a los barcos para decirles por dónde ir han decidido que ya no les gusta el nuevo decreto presidencial y pararon todo. Desde este martes, los puertos de granos están más quietos que una siesta de domingo en el interior. Ni entra ni sale una embarcación. Los exportadores de CIARA-CEC se agarran la cabeza mientras los silos se llenan hasta las cejas y el comercio exterior se queda clavado como un mate sin yerba.
El sindicato de los prácticos, esos señores que cobran por guiar los buques como si el río fuera una calle llena de baches, armó la huelga porque el decreto desregula su curro. Dicen que ahora cualquiera podría manejar los barcos y que sus puestos de trabajo corren peligro. O sea, se pusieron en plan “o todo como antes o que se hunda el país”. Preparan demandas, recursos y todo lo que tengan a mano para que el decreto se vuelva papel mojado.
Gustavo Idígoras, el presidente de los exportadores, lo resumió sin rodeos: la actividad está completamente parada en todos los puertos graneleros. Y Argentina, que es de los que más harina de soja, aceite y maíz le vende al mundo, se queda con los granos metidos en los silos como si fueran secretos de Estado.
Mientras tanto, los buques esperan en el río Paraná como taxis en hora pico sin pasajero. Nadie sabe cuánto va a durar el paro ni cuántos barcos están dando vueltas en círculo. Lo que sí se sabe es que si esto se alarga, los dólares de las exportaciones van a terminar más perdidos que un turista en Once.
En resumen: un grupo de marineros con GPS humano decidió que prefiere el sistema viejo antes que dejar que el mercado se les meta en el río. El resultado es que el país se queda sin vender lo que produce y los granos se quedan en tierra firme, esperando que alguien resuelva el embrollo. Porque en Argentina, hasta el río puede entrar en huelga si le tocan el sueldo.
