La presidenta peruana Keiko Fujimori ha decidido que, en los próximos días, los militares saldrán a patrullar las calles, el transporte público y hasta las cárceles para ayudar a una policía que parece más agotada que un taxista después de un feriado largo. Todo esto en medio de una crisis de seguridad que ya dura más que una telenovela de los noventa, con robos, extorsiones y gente que ya ni sale a comprar pan sin mirar por encima del hombro.
Fujimori, que por fin llegó a la presidencia después de tres intentos fallidos, repite ahora la promesa de campaña como si fuera un disco rayado: “Los militares van a reforzar todo”. Imagínate a los soldados subiéndose a los buses y combis para controlar que nadie se pase de listo, o montando guardia en las prisiones como si fueran monitores de un colegio mayor donde los internos ya tienen más trucos que un mago de feria. El acuerdo salió de una reunión de gabinete que, por lo visto, terminó con la conclusión de que “si la policía no puede, que vengan los de verde”.
Además de cazar delincuentes, la presidenta promete reconstruir Junín después del terremoto de julio y lidiar con el fenómeno de El Niño, como si tuviera tiempo de sobra entre patrullajes y reuniones. La lucha contra el crimen será su prioridad número uno, aunque muchos se preguntan si esta vez será diferente o si acabaremos viendo soldados posando para selfies en las esquinas mientras los maleantes siguen su camino.
Al final, Perú parece un país que ha llamado a los refuerzos del ejército para apagar un incendio que empezó hace años. Los militares ya pueden ir preparando las mochilas, porque entre calles, buses y penales, les espera un turno que ni en el servicio militar obligatorio te avisan con tanto detalle. Y los ciudadanos, entre tanto despliegue, solo esperan que no se convierta en otro capítulo más de “promesas que se repiten pero la inseguridad sigue como estrella invitada”.
