La Comisión Europea descartó aplicar un impuesto común a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas provocados por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Aunque cinco países solicitaron una medida coordinada, Bruselas decidió dejar la decisión en manos de cada Estado miembro.
España, Alemania, Italia, Austria y Portugal pidieron gravar las ganancias “caídas del cielo” generadas por el fuerte repunte de precios del petróleo y gas tras las tensiones en el estrecho de Ormuz. El objetivo era redistribuir parte de esos ingresos para aliviar el impacto en hogares y presupuestos públicos.
La Comisión justificó su negativa al considerar que no hay riesgo inminente de desabastecimiento, similar al de 2022, y recordó que la fiscalidad energética sigue siendo competencia nacional. “Nada impide a los Estados aplicarlo”, señaló el comisario Valdis Dombrovskis.
Esta postura fragmenta la respuesta europea y deja el coste de la crisis principalmente sobre consumidores y gobiernos. Analistas advierten que un impuesto europeo podría desincentivar inversiones, mientras la UE apuesta por ahorro energético y mayor flexibilidad en ayudas estatales.
