El expresidente Ernesto Zedillo rompió el silencio tras ser mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas. En un artículo publicado en la revista Letras Libres, Zedillo acusó a la mandataria de usar “calumnias e insultos” en lugar de argumentos para desacreditar las decisiones tomadas durante su gestión, en particular el rescate bancario de 1995, conocido como Fobaproa.
Zedillo defendió ese polémico episodio, señalando que fue auditado por un organismo internacional independiente por orden del Congreso (1997–2000), y aseguró que los resultados de dicha auditoría fueron públicos. También argumentó que las decisiones económicas de su sexenio lograron una recuperación rápida tras la crisis de 1994, con tasas de crecimiento no vistas desde entonces. Acusó al expresidente López Obrador y a la actual presidenta Sheinbaum de usar el tema del rescate bancario como herramienta política sin reconocer los análisis técnicos disponibles.
El exmandatario propuso que ahora se auditen, con el mismo rigor y por organismos independientes, varios megaproyectos emblemáticos de los gobiernos de AMLO y Sheinbaum. En la lista incluyó:
- La cancelación del aeropuerto de Texcoco, para evaluar el costo real y los beneficios económicos perdidos.
- La refinería de Dos Bocas, por sus sobrecostos y dudosa rentabilidad.
- El Tren Maya, con énfasis en su viabilidad económica y los posibles daños ambientales.
Zedillo también se lanzó contra el manejo de la pandemia por parte del gobierno de López Obrador, calificándolo de “criminal incompetencia”, y criticó la reforma judicial impulsada por Morena. Afirmó que la democracia mexicana, construida al final del siglo XX, ha sido erosionada por el actual movimiento en el poder, al que acusó de actuar con autoritarismo y populismo.
Por su parte, sectores críticos de Zedillo han reavivado el debate sobre su legado. Diversos analistas y medios han recordado que el Fobaproa —el rescate bancario que convirtió deudas privadas en deuda pública— sigue representando una carga financiera para el país, con pagos proyectados hasta 2042 y un costo total que podría superar los 2.5 billones de pesos. A pesar de que Zedillo afirmó que el rescate fue para proteger a los ahorradores, sus detractores sostienen que benefició principalmente a bancos y empresarios, agravando la pobreza y desigualdad en el país.
Durante su administración también se concretaron numerosas privatizaciones en sectores estratégicos como ferrocarriles, puertos, satélites, distribución de gas y minería, bajo la lógica del modelo neoliberal adoptado desde los sexenios anteriores. Estas decisiones —sostienen sus críticos— no solo beneficiaron al gran capital nacional y extranjero, sino que también deterioraron los servicios públicos y profundizaron la marginación social.
De acuerdo con datos oficiales, durante el sexenio de Zedillo se incrementó notablemente el número de personas en situación de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades, afectando incluso a sectores de clase media. Estas cifras contrastan con su visión del progreso económico logrado en ese periodo.
La confrontación entre el expresidente y el actual gobierno representa un nuevo capítulo en la disputa ideológica entre el modelo neoliberal tecnocrático de los años 90 y la visión social-intervencionista promovida por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Mientras Zedillo pide revisar los errores actuales, sus detractores insisten en que aún no se han saldado las consecuencias de los que él cometió.
