El sector agroalimentario mexicano llega a la revisión del T-MEC con un nuevo desafío: demostrar que sus cadenas de producción están libres de trabajo forzoso, fraudes de reclutamiento y prácticas abusivas contra jornaleros migrantes.
De acuerdo con datos del Inegi, durante el primer trimestre de 2026 había 5.2 millones de personas en la informalidad dentro del sector agropecuario. A ello se suma una creciente escasez de mano de obra en el campo, impulsada en parte por la migración temporal hacia Estados Unidos mediante el programa H-2A.
Especialistas advierten que el cumplimiento laboral será cada vez más importante para mantener acceso a los mercados de América del Norte. El T-MEC obliga a México, Estados Unidos y Canadá a combatir el trabajo forzoso e impedir la importación de productos elaborados bajo esas condiciones.
Organizaciones como CIERTO México impulsan esquemas de reclutamiento ético, donde el empleador cubre costos de transporte, trámites y contratación. Para el agro mexicano, transparentar el origen y las condiciones de sus trabajadores podría convertirse en una ventaja competitiva frente a nuevas exigencias comerciales.
