El Gobierno de EE.UU. comenzó el jueves los preparativos formales para un posible cierre federal por segunda vez este año, debido a que el Congreso se muestra incapaz de llegar a un consenso sobre el nuevo presupuesto antes de que la financiación actual provisional expire el 17 de noviembre, informa The Washington Post.
Los dos partidos del Congreso siguen en desacuerdo sobre la ayuda de emergencia para Ucrania e Israel. Los legisladores republicanos, que insisten en la necesidad de recortes presupuestarios, apoyan la asistencia para Tel Aviv, pero no están dispuestos a juntarla con la ayuda para Kiev, tal y como lo solicita el presidente Joe Biden.
El Senado aprobó a finales de septiembre un anteproyecto provisional de gastos que ayudó a evitar el cierre del Gobierno estadounidense durante 45 días, hasta mediados de noviembre. De momento no se sabe si se logrará mantenerlo abierto mediante una medida provisional o a través de un proyecto de ley con vigencia hasta el próximo 30 de septiembre, fecha cuando acaba el ejercicio fiscal de 2024.
La situación se complica también debido a las desavenencias dentro del propio Partido Republicano, lo que se reflejó en la destitución del anterior presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, impulsada por un grupo de correligionarios de extrema derecha ante las acusaciones de que el político habría llegado a un acuerdo secreto sobre Ucrania con Biden.
La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que prevé ayuda de emergencia para Israel, pero en el que no se menciona a Ucrania, lo que provocó una división en la Cámara porque solo 12 demócratas brindaron su apoyo.
Por su parte, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que Biden vetará cualquier proyecto de ley de ayuda para Israel si no incluye a Ucrania y otras partidas solicitadas por su Administración. Muchos demócratas también insisten en incluir en el paquete presupuestario la asistencia militar a Kiev.
- En caso de materializarse la interrupción del Gobierno, solo funcionarían los servicios gubernamentales más vitales, mientras que millones de trabajadores y personal militar serán «enviados a casa u obligados a trabajar sin paga», explica Washington Post. La mayoría de los programas federales de atención médica, educación, ciencia, investigación y trabajo quedarían paralizadas, desencadenando dificultades para la economía y para las familias estadounidenses