El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) alertó que la posible entrega del volumen de agua solicitado por el gobierno de Estados Unidos pondría en riesgo el abasto para consumo humano y para actividades agrícolas en los estados fronterizos del norte de México. La preocupación surge luego de que autoridades estadounidenses insistieran en que México debe cumplir con los volúmenes establecidos en el Tratado de Aguas de 1944.
Representantes del sector agrícola señalaron que entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila serían las más afectadas, pues enfrentan una prolongada sequía y niveles críticos en sus principales presas. De acuerdo con productores locales, instalaciones como La Boquilla y Francisco I. Madero se encuentran en condiciones similares a las registradas durante la crisis hídrica de 2020, cuando se generaron protestas y enfrentamientos.
El sector agropecuario considera que, ante la sequía y la falta de infraestructura suficiente, México enfrenta una imposibilidad material para entregar los volúmenes demandados. Además, advierten que una extracción adicional tendría efectos “catastróficos”, al afectar a miles de familias productoras y generar presiones migratorias internas y hacia Estados Unidos.
A esto se suma la advertencia del gobierno estadounidense sobre aplicar aranceles a productos mexicanos en caso de incumplimiento del acuerdo. El CNA señaló que tales sanciones también impactarían a consumidores estadounidenses, al elevar los precios de distintos productos agrícolas.
Dirigentes del sector reiteraron que México debe invertir con urgencia en infraestructura hídrica, modernizar los sistemas de riego y avanzar hacia un uso más eficiente del agua. También hicieron un llamado a mantener el diálogo bilateral bajo criterios de responsabilidad, sensibilidad y reconocimiento de las nuevas condiciones climáticas que enfrenta la región.
Por otra parte, destacaron que la reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan ordenar el uso del recurso y brindar mayor certidumbre jurídica, aunque señalaron que aún persisten dudas e información incompleta entre productores.
