“Ya sabía yo que iba a causar polémica”, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar que, dijo, quiere quede listo en una fecha especial para los y las trabajadoras de México.

“Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el Fondo para el día primero de mayo como reivindicación para los trabajadores de México”, dijo en su mañanera de este 19 de abril.

El mandatario remarcó que la iniciativa, que se encuentra en la Cámara de Diputados, busca corregir errores del periodo neoliberal que, dijo, afectaron el bienestar de la clase trabajadora en nuestro país.

La primera parte de la ‘mañanera’ de este viernes se enfocó en aclarar que la reforma para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar no toca los recursos de las Afores de trabajadores que mantienen una relación activa ni plantea expropiar los cerca de 6 billones de pesos depositados en esas cuentas.

”Queda a salvo el derecho del trabajador para que, en cualquier circunstancia, reclame su derecho. Nada más que ese dinero, que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el (Instituto Mexicano del) Seguro Social y no las Afores”, insistió.

¿Cuántos votos necesita la iniciativa de Fondo de Pensión del Bienestar para ser aprobada?

Gracias a que no es una reforma constitucional, la iniciativa del Fondo de Pensión para el Bienestar solo necesita una mayoría simple que Morena y aliados reúnen fácilmente en el Congreso de la Unión.

El dictamen iba a ser discutido en la sesión del miércoles 17 de abril en San Lázaro hasta que el PAN acusó a Morena de haber ‘metido mano’ al documento al encontrar diferencias con la iniciativa que fue aprobada por la Comisión de Seguridad Social.

¿Cuál fue el reclamo? Se cambió el texto “para establecer que todas las cuentas van al Fondo, no solo las que tengan 10 años sin aportar ni las que hayan cumplido 70 años, en el caso del IMSS, y 75 años en el ISSSTE. Es el pequeño detallito del ´duende parlamentario´”, declaró Jorge Romero, coordinador de los diputados panistas.

Hacienda defiende iniciativa, mientras que Amafore la ‘palomea’

Durante la 87 Convención Bancaria (en la que participarán las candidatas presidenciales), la Secretaría de Hacienda remarcó el mensaje proyectado desde el Gobierno de México de que “no se tocarán los recursos de los trabajadores”.

Gabriel Yorio, subsecretario de la dependencia, destacó que las cuentas inactivas llevan mucho tiempo sin utilizarse y usualmente son saldos muy bajos, pero que podrían ser parte importante de la formación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Yorio fue cuestionado sobre la posibilidad de que los recursos de cuentas inactivas en Afores sean utilizados para financiar el déficit presupuestario, ante lo que contestó un “no” de forma rotunda.

¿Y qué dice la Asociación de Afores al respecto? Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, explicó que el esquema de transferencia de dinero incluida en la iniciativa no es nueva, pues con la normatividad vigente, el IMSS puede captarlo y en general el esquema es igual.

“Creo que es una solución más limpia porque el dinero va a estar etiquetado, y hay ruta de regreso: Quien vaya a reclamar, serán los dueños, los beneficiarios… Eso hace que el esquema sea coherente con la operatividad del SAR y el cambio del dictamen del lunes es consistente con el sistema”, destacó.

Zamarripa subrayó también que bajo el régimen actual, el derecho sobre la cuenta nunca prescribe: El Instituto Mexicano del Seguro Social puede reclamar ese dinero después de 10 años de que sea exigible y además tiene que hacer una reserva, esto en caso de que el dueño o beneficiario de la cuenta termine por presentarse y reclamarla.

El abasto de agua se garantiza en el país priorizando el consumo doméstico, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se tiene que dar prioridad al agua doméstica; la que consume la gente más que a las empresas y, en particular, cuidar, no otorgar concesiones de agua para minería, para la producción de cerveza que se exporta”, aseguró.

“Estamos buscando la forma de atender el problema de la sequía, de la escasez de agua; se está trabajando. Aquí en la capital, todo lo que es la ciudad, se están perforando nuevos pozos para que no falte el agua y en otros estados, en otras regiones del país, lo mismo, se está trabajando”, enfatizó.

En conferencia de prensa matutina explicó que un litro de cerveza requiere 100 litros de agua para su fabricación y, en algunos casos, el producto elaborado en México estaba orientado a la exportación.
“Es exportar agua. (…) Ni siquiera se entregaban las concesiones para que la cerveza se vendiera en México sino era para la exportación, lo que querían hacer en el caso de Mexicali, entonces todo eso está cuidado y lo vamos a seguir manejando”, aseveró.
El mandatario sostuvo que se resuelve la situación de escasez de agua y sobreexplotación en Cuatro Ciénegas, Coahuila.
“Se están quedando sin agua por la explotación alrededor de pozos que se utilizan para otras actividades y ya se está trabajando en ese sentido, pero sí estamos pendientes, mucho muy pendientes de que no haya prepotencia, que no haya influyentismo, que no haya corrupción, ninguna de esas lacras de la política, sea quien sea”, remarcó.

Diputados del PAN exigieron la renuncia del secretario técnico de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

En una accidentada sesión, con protestas y cuestionamientos de la oposición, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados votó, por segunda ocasión, el dictamen de Morena para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Luego de que diputados del PAN denunciaron que los morenistas metieron “mano negra” y llevaron al pleno un dictamen diferente y modificado al aprobado en comisión el lunes –con 19 votos a favor y 10 en contra–, ayer la comisión atendió la instrucción de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de “solventar” y volver a “votar” el dictamen, mismo que quedó ratificado con 17 votos a favor y 10 en contra.

Por recomendación de los propios legisladores, y para evitar a los “duendes parlamentarios”, todos los integrantes de la comisión aceptaron firmar cada hoja del documento.

Sin embargo, los panistas insistieron en que “no fue un error humano, los agarramos con las manos en la masa y se burlaron de nosotros, del país”, acusó la diputada Rocío González, y exigieron “investigar y sancionar” a los responsables de cambiar el dictamen.

Los opositores expusieron que no se puede volver a votar un dictamen que ya fue votado, debido a que “el mismo dictamen aparecerá con dos votaciones distintas”, anticipó el panista Santiago Torreblanca, “lo que merma la confianza y la credibilidad del Poder Legislativo”, añadió.

El panista Éctor Ramírez Barba exigió la renuncia del secretario técnico de la comisión y que la presidenta Angélica Ivonne Cisneros, de Morena, asuma la responsabilidad.

Benjamín Robles, del PT, pidió “que se investigue. Si fue un error humano que no vuelva a suceder. Si fue con dolo debe ser sancionado”.

“Nos interesa conocer lo que pasó. El coordinador de Morena culpó al equipo técnico de la comisión y la presidenta de la comisión responsabiliza a la Mesa Directiva de la cámara. Eso es muy grave, no es un error, fue una trampa de Morena”, añadió la panista Rocío González.

Antes de la sesión de la comisión, la diputada Cisneros se deslindó del “error humano” y rechazó que haya sido el equipo técnico de su comisión el que lo cometió, como lo afirmó su propio coordinador parlamentario, Ignacio Mier.

Acusó que fue “el equipo técnico de la presidencia de la Mesa Directiva –que presidente la diputada del PRI Marcela Guerra– el que publicó un dictamen incorrecto en la Gaceta Parlamentaria”.

“La Comisión de Seguridad Social entregó el dictamen correcto a la Mesa Directiva, el aprobado con las modificaciones, pero el error fue del equipo técnico de la Mesa Directiva”, recalcó. Aunque la diputada se comprometió a que “se va a hacer un investigación”, desestimó lo sucedido y dijo que lo importante es que ya se corrigió el proceso de entrega del dictamen para turnarlo y votarlo el lunes al pleno.

La presidenta de la comisión insistió en que “no estamos sometiendo a votación el dictamen que ya votamos el lunes, es para solventar y votar el dictamen y dar certeza al debate del lunes próximo”.

La protección a candidatas y candidatos durante el actual proceso electoral será inmediata, “sin ningún pretexto, sin burocracias”, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la federación está pendiente de todas las peticiones de seguridad de aspirantes y partidos políticos a fin de atenderlos ágilmente a partir del esquema de protección acordado con el Instituto Nacional Electoral (INE). 

“Este protocolo nos ayuda a no demorar en atender una petición; estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata. (…) Continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad para hacer efectivo el derecho a la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz y tranquilidad”, aseveró.

Por parte de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, hay atención para todas las solicitudes de candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas y al Congreso de la Unión. Los gobiernos de los estados y municipios son responsables de la seguridad de candidatos locales en colaboración con instituciones electorales estatales.

Hasta el lunes 15 de abril, la SSPC atendió las 273 solicitudes de protección registradas, de las cuales 250 solicitantes ya cuentan con servicio de protección, 23 casos fueron declinados por los propios peticionarios y ninguna se encuentra en proceso de análisis de riesgo.

La funcionaria precisó que el mecanismo federal de seguridad contempla una mesa permanente de la SSPC que vigila y da seguimiento las 24 horas los siete días de la semana. Las 32 mesas de construcción de paz y seguridad de los estados y las 266 regionales del país también atienden problemáticas en el territorio.

En el proceso electoral, iniciado el 1° de octubre de 2023, se ha reportado una candidata fallecida, así como el homicidio de cinco precandidatos que ya contaban con el registro oficial ante sus partidos políticos.

También se tiene conocimiento de nueve homicidios de personas aspirantes, que aún no tenían registro oficial ante sus partidos políticos o instituciones electorales estatales, pero fueron mencionados para un cargo de elección popular o manifestaron su deseo de competir. 

Al respecto, la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia, puntualizó.